Berlín, 01 de junio de 2026.- El 20 de mayo de 2026 fue detenido en Alemania un matrimonio de nacionalidad alemana y origen chino que sustraía en las universidades del país informaciones sobre tecnología militar. Este hecho se suma a la identificación de una treintena de agentes y colaboradores chinos descubiertos en Europa y su entorno solo en los últimos dos años.
Algunos de los agentes descubiertos fueron detenidos, varios expulsados y otros se encuentran a la espera de juicio. China suele negar todas las acusaciones de espionaje y las califica de infamia. Previamente, en abril de 2024, fue detenido en Alemania Jiang G., asistente del eurodiputado ultraderechista Maximilian Krah, por espiar para China. En ese mismo mes, tres ciudadanos alemanes identificados como Thomas R., Ina R. y Herwig fueron acusados de transferir ilegalmente conocimientos tecnológicos militares.
Engin Eroglu describió la actividad como “significativamente más profesional, amplia y diversificada”, apuntando a “innovaciones tecnológicas, infraestructuras críticas, procesos de toma de decisiones políticas y redes de disidentes chinos en Europa”. El eurodiputado añadió: “Y Alemania, con su potente base industrial y de investigación, sigue siendo un objetivo clave”.
Sobre la capacidad operativa, Eroglu señaló: “La plantilla de personal de los servicios de seguridad e inteligencia de China se estima entre 100.000 y 800.000 efectivos, según diversas estimaciones. En comparación, Estados Unidos cuenta con unos 30.000 oficiales de inteligencia, y los Estados miembros de la UE en conjunto tienen aproximadamente entre 35.000 y 40.000”.
Las acciones contra estas redes han incluido medidas gubernamentales en varios países. El Gobierno de Italia expulsó en marzo de 2026 a ocho ciudadanos chinos acusados de vigilar e intimidar a integrantes de la diáspora. En 2022, el Gobierno de Países Bajos actuó contra dos oficinas clandestinas instaladas en Ámsterdam y Róterdam.
La ONG Safeguards Defenders informó que Pekín había instalado 102 oficinas de seguridad no autorizadas en 53 países, entre ellos España.
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