Washington, 28 de mayo de 2026.- Estados Unidos reintrodujo el miércoles las sanciones contra Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados. La Administración de Donald Trump había retirado las medidas contra ella hace tan solo una semana, pero la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) ha sido actualizada para incluir nuevamente el nombre de la jurista italiana.
La reinstauración de la sanción ocurre después de que un tribunal de apelaciones frenara el pasado viernes la decisión de un juez federal de Washington, quien el día 13 había suspendido las medidas impuestas en 2025. En aquella resolución, el magistrado concluía que la Administración de Trump probablemente violó el derecho a la libertad de expresión de Albanese, señalando que su labor consistía en “más que hablar”.
Ante lo anterior, la Administración del republicano presentó una moción de urgencia ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia. Un panel formado por tres magistrados emitió una suspensión administrativa de la resolución del juez federal, lo que permitió al Gobierno estadounidense volver a aplicar la designación de Albanese como nacional extranjera sancionada.
La orden del tribunal de apelaciones indicó explícitamente que la medida era de carácter procesal y “no debe interpretarse de ninguna manera como un fallo sobre el fondo” de la apelación. Con esta suspensión, Cali y su hija, quienes tienen ciudadanía estadounidense y por quienes fue presentado el caso, podrán ahora apelar la moción de urgencia.
La lista SDN funciona como una lista negra global que impide a los sancionados utilizar las principales tarjetas de crédito o realizar transacciones bancarias. Según los hechos extraídos, esta medida es una represalia por las críticas de la jurista italiana a la ofensiva israelí en la franja de Gaza y al trato que somete a los palestinos.
Esta no es la primera acción de este tipo; el Gobierno Trump impuso sanciones contra Albanese por primera vez en julio de 2025, dentro de un conjunto de medidas aplicadas también a 11 jueces, fiscales y juristas del Tribunal Penal Internacional (TPI). En aquella ocasión, el Ejecutivo estadounidense justificó su decisión alegando que era una respuesta a las iniciativas de Albanese para que el TPI juzgara a funcionarios, empresas y ejecutivos estadounidenses e israelíes.
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