Fotogrfaía de archivo de familiares y amigos de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapaque protestan en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez
Por Redacción
Iguala, 22 de marzo de 2026.- Autoridades federales encargadas de las búsquedas realizaron este 21 de marzo una inspección en la funeraria Ángel de Iguala, donde localizaron una bolsa con restos óseos humanos de 2014 y un horno crematorio clandestino, hechos que se suman a las investigaciones en curso sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos. De manera paralela, fue detenida Blanca María del Rocío Estrada Ortega, identificada como visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, por la presunta pérdida de videos clave para el caso, mientras continúa la indagación sobre el vínculo de Ubaldo Segura Pantoja con el movimiento por los estudiantes.
La inspección en la funeraria se llevó a cabo a las 09:00 horas con la presencia de madres y padres de los normalistas, estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, organizaciones de derechos humanos y funcionarios federales. Entre los participantes destacaron Mauricio Pazarán, titular de la Unidad Especializada de Investigación de Litigación Completa y Análisis (UEILCA); Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj); y Claudia Galindo, secretaria técnica de la Covaj.
Las autoridades han iniciado las diligencias para determinar la relación directa entre los restos óseos hallados y el caso Ayotzinapa, aunque hasta el momento no se ha confirmado dicho vínculo. El hallazgo del horno crematorio clandestino en el mismo inmueble abre una nueva línea de investigación que busca esclarecer los métodos utilizados para la disposición de cuerpos durante los hechos de 2014.
En otra vertiente de las investigaciones, la detención de Blanca María del Rocío Estrada Ortega responde a la presunta pérdida de videos pertenecientes al Poder Judicial de Guerrero, los cuales son considerados evidencias probatorias para el caso. Sin embargo, la investigación no detalla el contenido específico de dichas grabaciones ni los cargos precisos por los que se vincula a la exvisitadora judicial con su extravío.
Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, se encuentra entre los representantes de organizaciones de derechos humanos que siguen de cerca estos desarrollos. La sociedad civil y los familiares de las víctimas mantienen la exigencia de verdad y justicia a más de 11 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes.
Respecto a Ubaldo Segura Pantoja, cuya detención fue reportada en conexión con el movimiento por los 43 normalistas, las fuentes disponibles no establecen una relación directa con las líneas de investigación de la funeraria o los videos, lo que sugiere que podría tratarse de un hecho paralelo o relacionado de manera indirecta. Las autoridades continúan trabajando en estas tres frentes para avanzar en la resolución del caso.
Las investigaciones se desarrollan en un contexto de alta sensibilidad social, donde la presencia de familiares y activistas en el lugar de los hallazgos refleja la urgencia por obtener respuestas definitivas. La coordinación entre la UEILCA, la Covaj y otras instancias federales busca consolidar las evidencias encontradas para integrarlas al proceso de búsqueda de verdad y justicia que demanda el país.
About The Author
