Por Redacción
Mexicali, 19 de marzo de 2026.- El juez de control Gerardo Anguiano Ceja imputó formalmente al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, en relación con un fallido proyecto de una planta fotovoltaica que involucra 123 millones de pesos. La determinación judicial se emitió tras una audiencia que se extendió por más de 10 horas entre el 18 y 19 de marzo, estableciendo que existían pruebas necesarias para formular la imputación.
Como consecuencia de esta resolución, se programó una audiencia de vinculación a proceso para el próximo lunes 23 de marzo a las 9:00 horas en el Centro de Justicia de Mexicali. El caso surge de inconsistencias detectadas en los contratos y el desarrollo del proyecto energético contratado durante la administración de Bonilla, motivo por el cual la actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, señaló que la denuncia responde a hechos concretos y no constituye un tema personal.
En su defensa, Jaime Bonilla Valdez mantuvo que el estado nunca se comprometió a construir la planta fotovoltaica, argumentando que la empresa Next Energy era la encargada de dicha tarea y que únicamente existía una garantía de depósito para cubrir la primera mensualidad. El exmandatario calificó como una “narrativa errónea” la postura de la administración actual y de los medios de comunicación respecto a su participación en el contrato.
Bonilla cuestionó además por qué no se ha citado a los diputados del Congreso de Baja California que aprobaron la iniciativa del proyecto, sosteniendo que su rol se limitó a presentar dicha propuesta legislativa. La investigación judicial se centra ahora en establecer las responsabilidades específicas sobre los 123 millones de pesos que fueron retenidos y posteriormente regresados en el marco de este contrato energético.
La imputación marca un punto crítico en la relación entre la administración saliente y la actual en Baja California, poniendo bajo escrutinio legal las operaciones contractuales de la gestión anterior. Mientras se espera la audiencia de vinculación a proceso, la defensa del exgobernador deberá presentar sus argumentos formales ante el juez para evitar la formalización de la prisión preventiva o medidas cautelares más severas.
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