Ciudad De México, 02 de julio de 2026.- Las ganancias ilícitas derivadas del robo y contrabando de combustible son utilizadas para financiar campañas políticas, influir en medios de comunicación y sobornar a funcionarios en México, según un reporte del gobierno de Estados Unidos elaborado por el Departamento del Tesoro.
El documento indica que organizaciones como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa emplean los recursos del mercado ilícito de hidrocarburos para “favorecer la elección de políticos” que protejan sus intereses. Asimismo, estos grupos criminales logran colocar “aliados en puestos administrativos clave dentro del gobierno mexicano”.
La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) sostiene que dicha colocación de aliados facilita las operaciones de contrabando de combustible y el acceso a contratos públicos destinados al lavado de dinero. El informe identifica este esquema como “huachicol fiscal”, definido como un mecanismo de evasión fiscal y lavado que consiste en importar combustibles desde Estados Unidos hacia México evadiendo el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
De acuerdo con la investigación, la operación inicia cuando comercializadores estadounidenses adquieren combustible en terminales de exportación de Texas y lo canalizan hacia empresas fachada y compañías fantasma. El combustible cruza la frontera mexicana en camiones cisterna, trenes o embarcaciones. Para evitar impuestos, los cargamentos son “declarados falsamente como aceites residuales, lubricantes, aditivos o desechos peligrosos”.
FinCEN afirma que este mecanismo es facilitado mediante actos de corrupción en las aduanas. Intermediarios mexicanos utilizan permisos que les permiten comercializar combustibles, pero no importarlos, por lo que presuntamente recurren a “documentación y facturación falsas para ocultar el origen estadounidense del producto.” Posteriormente, el combustible es almacenado en instalaciones bajo control de las organizaciones criminales y distribuido mediante gasolineras fachada o puntos de venta irregulares llamados “cachimbas”.
El reporte cita estimaciones del gobierno de EE.UU. según las cuales “una cuarta parte y una tercera parte del combustible comercializado en México provendría de este mercado ilícito.” Para enviar recursos a proveedores en Estados Unidos, los cárteles utilizan transferencias electrónicas internacionales, pagos con criptomonedas estables (stablecoins) y depósitos estructurados en efectivo. Finalmente, el dinero presuntamente es lavado mediante la adquisición de vehículos.
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