Por Redacción
Mexicali, 04 de agosto de 2026.- El juez de control Fernando Serrano determinó que no existían pruebas suficientes para vincular a proceso al exdirector de la Policía Municipal, Pedro Ariel Mendívil, y al agente Luis Alfonso Jacobo por los delitos de desaparición forzada, robo de vehículo y asociación delictuosa. En su resolución, el juzgador mencionó que “no se pueden basar las pruebas en rumores institucionales”, por lo que decidió dejar en libertad a ambos imputados.
Por el contrario, los elementos Juan Carlos Jáquez, Eduardo López García y Kevin González Álvarez sí fueron vinculados a proceso por los mismos delitos. Esta decisión se deriva de los hechos registrados el pasado 3 de enero de 2023. La audiencia para definir la situación legal de los involucrados inició pasado el mediodía del domingo 2 de agosto y concluyó la tarde del lunes 3 de agosto de 2026.
Durante el procedimiento, la defensa de los imputados argumentó que las pruebas expuestas por la Fiscalía General del Estado presentaban inconsistencias, tanto de forma como de fondo. Señalaron que los documentos no contaban con las firmas correspondientes de las personas que brindaron los testimonios y que no existían señalamientos claros en contra del exdirector ni de los agentes municipales.
Pedro Ariel Mendívil, quien fue detenido el martes 28 de julio de 2026 por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar) en su vivienda ubicada en la colonia Los Arcos, señaló que la carpeta de investigación fue armada sin tener una prueba clara que pudiera relacionarlo con los hechos. Además, dijo que la investigación en su contra se debía a un tema personal que tiene la fiscal general del estado, Ma. Elena Andrade Ramírez, desde el año 2011.
Por su parte, la ministerio público Ariana García Ceseña comentó que, derivado de la experiencia con la que contaba el exdirector, era prácticamente imposible que no supiera sobre los elementos que estaban relacionados con el crimen organizado. Los tres elementos vinculados a proceso argumentaron que no existían pruebas claras, ni fotográficas ni de video, que los pudieran incriminar, señalando a la Fiscalía General del Estado de crear la carpeta solamente para culparlos.
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