Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- El gobierno de México rechazó el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones, calificándolo de una decisión parcial, sesgada y tendenciosa. En contraparte, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU solicitó al secretario general, António Guterres, que remita de forma urgente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que el Comité de Desapariciones Forzadas no consideró los esfuerzos institucionales ni estudió la información actualizada proporcionada por el Estado, incluyendo observaciones y análisis sobre reformas impulsadas en 2019 y 2025. El gobierno mexicano criticó que no se haya tomado en cuenta la información entregada el 27 de marzo, antes de la publicación del documento, y acusó que el informe se presenta con omisiones.
Las autoridades federales argumentaron que el procedimiento aplicado por el Comité está diseñado para contextos donde las cifras de desaparecidos son generalizadas y sistemáticas por parte del Estado, lo cual, según su postura, no corresponde a la realidad actual del país. El gobierno reclamó que el informe se centra principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que se limita a cuatro entidades. Además, señaló que en la actual administración se han implementado cambios legales e institucionales para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas.
En su defensa, el gobierno de México citó que el propio informe reconoce que no existen indicios de una política federal orientada a cometer este tipo de violaciones. “El propio Comité reconoce en los párrafos 117 y 118 de su decisión que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”, indicó el Ejecutivo.
Por su parte, la decisión del CED, publicada el 2 de abril de 2026, establece que la información recibida contiene indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. El organismo señaló que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y partes del territorio nacional. Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité, declaró: “El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”.
El CED tomó nota de la postura del Gobierno de México en el sentido de que muchas desapariciones son perpetradas por grupos delictivos, pero señaló que en algunos casos denunciados recibió información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia. El reporte del Comité documentó que en Jalisco, donde el colectivo Guerreros Buscadores localizó un centro de adiestramiento, desaparición y exterminio operado por grupos criminales en el Rancho Izaguirre, las autoridades están relacionadas con los casos registrados. Asimismo, el documento menciona: “Hombres armados que se identificaron como miembros de la Fiscalía sacaron por la fuerza a varias personas de un lugar de trabajo y los videos mostraron una patrulla de la policía municipal en las cercanías”.
México concentra el mayor número de acciones urgentes por desapariciones en el mundo, con 819 registros, de los cuales 40 ocurrieron entre octubre de 2025 y marzo de 2026. Según el documento, 21 de esas acciones urgentes corresponden a desapariciones de grupos de migrantes hondureños y cubanos que atravesaban el estado de Chiapas. La organización civil Idheas señaló que este escenario revela fallas estructurales en los sistemas de búsqueda implementados por el Gobierno: “El procedimiento de acción urgente, diseñado como mecanismo excepcional humanitario, se ha convertido —en el caso mexicano— en un instrumento recurrente, lo que indica fallas estructurales persistentes en los sistemas nacionales de búsqueda e investigación”.
El procedimiento solicitado por el CED es de carácter preventivo y tiene por objeto movilizar la atención y el apoyo internacionales, no establecer responsabilidad penal individual.
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