Por Luis Martínez Alcántara
El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, generó una fuerte polémica al emplear términos despectivos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” en una resolución oficial para clasificar a personas con discapacidad intelectual.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) publicó el 14 de enero de 2025 la Resolución 187/2025 en el Boletín Oficial, donde se detallan estos calificativos obsoletos para definir los criterios de acceso a pensiones por invalidez laboral.
Organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad expresaron su rechazo ante esta medida, calificándola de arcaica y discriminatoria. Sostienen que el uso de dicha terminología no solo vulnera la dignidad de las personas afectadas, sino que también contraviene resoluciones internacionales, como las de la ONU, que promueven un lenguaje respetuoso e inclusivo.
Ante la creciente presión social y mediática, la ANDis anunció que modificará la normativa para alinearse con los estándares médicos y normativos actuales. No obstante, este incidente ha dejado en evidencia la falta de sensibilidad y actualización por parte de las autoridades en temas relacionados con la discapacidad, generando desconfianza entre la población y las organizaciones civiles.
Además de la terminología ofensiva, la resolución endurece los criterios médicos para la evaluación de la discapacidad, estableciendo que solo quienes presenten “debilidad mental profunda o mayor” podrán acceder a las pensiones. Este cambio ha sido criticado por limitar el acceso a beneficios esenciales para personas con distintos grados de discapacidad, afectando su calidad de vida y bienestar.
Este episodio se suma a una serie de decisiones controvertidas del gobierno de Milei en relación con los derechos de las personas con discapacidad, evidenciando la necesidad urgente de políticas inclusivas y respetuosas que garanticen la dignidad y el bienestar de todos los ciudadanos. Las organizaciones continúan vigilantes y exigen acciones concretas para evitar futuros atropellos a los derechos de este colectivo vulnerable.
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