Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, planteó la necesidad de realizar ajustes a la reforma judicial, proponiendo un “decálogo” de cambios en medio de un debate público sobre el funcionamiento de los organismos autónomos. En paralelo, un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados reveló que tres capítulos de gasto concentran el 98.2% del presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para este año, con un 39.3% destinado al financiamiento de partidos políticos. Mientras tanto, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, defendió la labor del tribunal al promover mecanismos alternativos de solución de controversias.
La ministra Esquivel Mossa, sin detallar el contenido completo de su propuesta, señaló que es necesario revisar y ajustar los alcances de la reforma judicial que se discute en el país. Su llamado se da en un contexto de intenso debate sobre la autonomía y el costo de las instituciones del Estado. Por otro lado, el análisis presupuestal del INE, con base en datos oficiales, muestra que entre 2018 y 2026 el organismo ha manejado un presupuesto total de 242,378 millones de pesos.
El estudio legislativo destaca que para el ejercicio fiscal de 2026, casi el 40% de los recursos del INE están etiquetados para el sostenimiento de los partidos políticos, un dato que suele ser centro de la crítica política. Los otros dos rubros que, junto con el financiamiento partidista, absorben la casi totalidad del presupuesto son el gasto operativo del propio instituto y la organización de los procesos electorales.
En otro frente, el magistrado Gilberto Bátiz García, al frente del TEPJF, salió al paso de lo que calificó como “controversias políticas” que rodean al tribunal. Bátiz García enfatizó el trabajo de la institución para resolver conflictos a través de medios alternativos, buscando descongestionar la vía judicial tradicional y ofrecer soluciones más ágiles, aunque no especificó casos concretos de aplicación reciente.
Estos pronunciamientos simultáneos de altas figuras del Poder Judicial y los órganos electorales reflejan una discusión nacional sobre la arquitectura institucional mexicana, su eficiencia, costo y autonomía. La propuesta de ajustes a la reforma judicial por parte de una ministra de la Corte, el escrutinio público del gasto del INE y la defensa de la labor del TEPJF ocurren en un año marcado por la implementación de cambios constitucionales y la proximidad de nuevos ciclos electorales, lo que mantendrá el foco en el desempeño de estas instituciones.
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