Ciudad De México, 25 de junio de 2026.- El diputado federal Rubén Moreira Valdez manifestó su apoyo a los extrabajadores pensionados de Banrural por las afectaciones que enfrentan tras la implementación de la reforma al artículo 127 de la Constitución, la cual eliminó las llamadas ‘pensiones doradas’ de exfuncionarios de alto nivel en organismos públicos y entidades paraestatales.
A través de un Punto de Acuerdo, el legislador del PRI expuso que beneficiarios del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (FOPESIBAN) han señalado que la disminución de sus ingresos ya se materializó y ha impactado directamente su economía familiar. Los derechos pensionarios de los afectados derivan de relaciones laborales concluidas hace años y de compromisos asumidos por el Estado durante procesos de reestructuración y extinción de organismos públicos.
Entre las preocupaciones expuestas por los pensionados destacan la posible afectación a derechos adquiridos, la aplicación de criterios que no distinguen entre remuneraciones de servidores públicos en activo y prestaciones de seguridad social, así como el riesgo de regresividad en materia de derechos sociales y el impacto en la calidad de vida de personas adultas mayores.
Según la información presentada, los jubilados del Sistema Banrural no han solicitado la eliminación de la reforma constitucional ni han cuestionado los principios de austeridad y racionalidad del gasto público que la motivaron; sin embargo, han planteado la necesidad de que la legislación secundaria incorpore salvaguardas específicas para armonizar dichos objetivos con la protección de los derechos previamente adquiridos.
Los afectados han remitido comunicaciones a la Secretaría de Hacienda y a las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados y del Senado para advertir que ya se están aplicando descuentos a sus pensiones sin que exista información clara sobre la metodología utilizada para calcularlos.
Ante este escenario, Rubén Moreira solicitó a la Secretaría de Hacienda la instalación inmediata de una mesa de trabajo y diálogo institucional con representantes de la Asociación Nacional de Empleados Jubilados de la Banca Rural, A.C. Asimismo, pidió a dicha dependencia y al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) transparentar la metodología empleada para determinar los descuentos, precisando la base salarial, los conceptos considerados y los criterios jurídicos aplicados.
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