Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU decidió elevar con carácter urgente la situación de México ante la Asamblea General, tras activar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El organismo solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita el caso para que se consideren medidas destinadas a apoyar al Estado en la prevención, investigación, castigo y erradicación de la problemática.
El CED concluyó que la información recibida contiene indicios fundados de que en México “se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad”. Para sustentar esta evaluación, el comité citó la existencia de múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y partes del país, así como el hallazgo continuo de fosas comunes clandestinas. Según el CED, se han localizado más de 6,200 cadáveres y 76,000 restos humanos, la mayoría sin identificar, en un contexto donde persiste una cifra de más de 132,000 desaparecidos.
Juan Albán-Alencastro, presidente del CED, subrayó que lo que define a un crimen de lesa humanidad es el patrón de los ataques contra la población civil. “El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las altas esferas del Gobierno, lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”, afirmó. El comité lamentó que, a pesar de las medidas adoptadas desde su visita en 2021, la situación no ha mostrado una mejora sustancial y advirtió sobre la posible participación directa de funcionarios públicos o su aquiescencia en algunos casos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México rechazó categóricamente la resolución, calificando el informe de tendencioso y sesgado. Las autoridades mexicanas argumentaron que el marco del CED no corresponde a la realidad del país y acusaron al comité de ignorar las actualizaciones y análisis presentados por la administración actual, incluyendo información entregada el 27 de marzo. La SRE declaró: “El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”.
El gobierno federal sostuvo que el informe se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que se circunscribe a solo cuatro de los 32 estados de la República. Además, las autoridades señalaron que el propio CED admite en su resolución que no hay indicios de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos. Como defensa, el Ejecutivo destacó las transformaciones estructurales emprendidas desde 2019 y reformas clave en julio de 2025, como la Alerta Nacional de Búsqueda y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
Ante la reacción gubernamental, Santiago Corcuera, expresidente del CED, consideró deplorable la respuesta del Estado mexicano. “Qué lástima que no se aprovecha la oportunidad de reconocer la dimensión del problema”, dijo Corcuera, quien agregó que la actitud oficial es “una muy mala señal”. El experto aclaró que la definición utilizada por el comité es un estándar consolidado en el derecho internacional y que la responsabilidad del Estado abarca todos los órdenes de gobierno, incluso cuando los hechos son cometidos por particulares.
México reiteró su disposición a la cooperación técnica internacional, pero advirtió que no aceptará premisas que no reflejen la transformación institucional lograda recientemente. “Los argumentos del documento no coinciden con la definición de desaparición forzada del propio organismo ni con los avances institucionales logrados desde 2019, particularmente a partir de 2025”, indicaron fuentes gubernamentales. Por su parte, el CED mantiene que son urgentes reformas estructurales para prevenir las desapariciones, dado que las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis.
About The Author
