Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- El Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) destacó la “imperante impunidad” en ese delito en México y activó para el país el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas Contra Desapariciones Forzadas. El organismo mencionó una “impunidad estructural” que provoca la reproducción de las desapariciones.
Juan Pablo Albán, presidente del Comité, explicó que para tomar su decisión el CED consideró que las más de 132 mil 400 personas desaparecidas al 19 de febrero de 2026 son “indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa”. Además, señaló que a inicios de 2026 las cifras oficiales estiman alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar, en comparación con los 52 mil en el momento de la visita del Comité en 2021.
En abril de 2022, el CED presentó un documento donde subrayó que, según datos estatales, sólo entre el 2 y el 6 por ciento de los casos de desaparición habían sido judicializados y sólo se habían dado 36 sentencias a nivel nacional. Como parte de su visita en 2021, el Comité dio 84 recomendaciones al gobierno mexicano y en 2023 insistió en la deficiencia en la judicialización y persecución penal.
Los cuatro estados donde el Comité tomó casos paradigmáticos fueron Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco, aunque también se señaló la prevalencia en Nuevo León, Guanajuato, Tabasco, Morelos, Baja California y Estado de México. En el caso de Coahuila, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) documentó “prácticas sistemáticas” de desapariciones forzadas entre 2006 y 2016, identificando que en ocasiones se usaron recursos públicos para la comisión de los delitos.
En contra del informe, la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno han declarado que este no tomó en cuenta las observaciones y actualizaciones presentadas desde 2019. Por su parte, el ahora canciller Roberto Velasco declaró que el Comité hacía referencia al estatuto de Roma, redefiniendo el concepto de desaparición forzada.
El 3 de abril de 2026 el gobierno federal dio a conocer una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con una nueva clasificación de casos. Con el Artículo 34 de la Convención, el Comité busca que la Asamblea General adopte medidas que apoyen a México a prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones forzadas.
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