Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- Organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos Primero y México Evalúa mantienen sus operaciones con normalidad mientras esperan la resolución formal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) respecto a su estatus de donatarias autorizadas, luego de que se diera a conocer la posible revocación de dicha autorización a más de 100 instituciones.
El tema surge tras la difusión de información sobre la cancelación o revocación del permiso para recibir donativos deducibles de impuestos, situación que afecta a un grupo amplio de entidades civiles. A la fecha, no se ha especificado la lista completa de las organizaciones involucradas ni los motivos particulares que derivaron en esta acción por parte de la autoridad fiscal.
Mexicanos Primero y México Evalúa emitieron comunicados en los que confirman que continúan funcionando sin interrupciones. Ambas instituciones señalaron que se encuentran a la espera de la notificación oficial y la resolución definitiva por parte del SAT para conocer el estado jurídico de su autorización.
Hasta el momento, no se ha hecho público el nombre del funcionario o área específica del SAT responsable de llevar a cabo este proceso de revisión y resolución. Tampoco se ha detallado el plazo legal exacto dentro del cual la autoridad debe responder formalmente a las organizaciones afectadas.
La incertidumbre sobre la fecha exacta de publicación o difusión de los comunicados oficiales persiste, lo que mantiene a las organizaciones en un periodo de espera. La situación pone de manifiesto la dependencia de estas entidades de la claridad administrativa para garantizar la continuidad de sus programas financiados mediante donativos.
El contexto actual indica que más de 100 organizaciones de la sociedad civil podrían verse impactadas por esta medida. Sin embargo, la falta de información detallada sobre los criterios aplicados para la revocación impide conocer las razones específicas que motivaron la acción gubernamental.
Las organizaciones afectadas continúan operando bajo la premisa de que su estatus se mantiene vigente hasta en tanto no exista una resolución contraria notificada formalmente. La sociedad civil aguarda que el SAT emita los detalles necesarios para comprender el alcance y las implicaciones de este proceso administrativo.
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