Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- Organizaciones de derechos humanos y activistas denunciaron un patrón regional de represión estatal que incluye desapariciones forzadas, deportaciones masivas y confiscación de bienes a opositores en Argentina, Venezuela, Nicaragua y El Salvador, según documentaron testimonios de víctimas directas y comunicados oficiales de Human Rights Watch.
En Argentina, el gobierno de Javier Milei ha implementado un endurecimiento de políticas migratorias inspirado en el modelo de Donald Trump, resultando en 5,000 personas no admitidas o expulsadas en dos meses y 620 deportados en 2024, cifra 40% mayor que el año anterior. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, anunció medidas restrictivas mientras organizaciones alertan sobre el desmantelamiento de políticas de memoria relacionadas con las 30,000 personas desaparecidas durante la dictadura argentina.
En Venezuela y Nicaragua, los gobiernos de Nicolás Maduro y Daniel Ortega junto a Rosario Murillo enfrentan acusaciones de desapariciones forzadas y confiscación de bienes a opositores. Lilian Tintori presentó denuncia pública sobre la situación, mientras que el dirigente chavista Carlos Brenes figura entre los desaparecidos. Los cargos específicos contra los opositores venezolanos cuyos bienes fueron confiscados no han sido detallados oficialmente.
El caso de El Salvador concentra atención por la desaparición de 11 salvadoreños deportados desde Estados Unidos, entre ellos César Humberto López Larios, conocido como El Greñas. El gobierno estadounidense y las autoridades salvadoreñas acusan a los deportados de pertenecer a la pandilla MS-13, pero familias de las víctimas y Human Rights Watch niegan esa condición. Más de 9,000 salvadoreños fueron deportados desde Estados Unidos en 2025, de los cuales 10% tenía antecedentes penales.
Thelma Brenes, familiar de víctima, y el activista Amaru Ruiz figuran entre quienes han testimoniado sobre las violaciones a derechos humanos. Juanita Goebertus, de Human Rights Watch, emitió un comunicado oficial sobre la situación regional. Las organizaciones destacan que no se presenta evidencia pública que vincule al resto de deportados desaparecidos con pandillas, más allá de El Greñas.
En Argentina, vecinas de Mendoza como Macarena Limousin lideran protestas socioambientales, mientras la economista Mercedes D’Alessandro ha cuestionado las políticas económicas del gobierno. El estatus legal del proyecto minero San Jorge (PSJ Cobre Mendocino) en Mendoza no ha sido especificado oficialmente.
William Dávila y Enrique Márquez figuran entre los opositores mencionados en las denuncias, aunque no se especifica el estado de salud actual de Dávila tras su liberación. Leopoldo López también es mencionado entre los actores políticos de la crisis venezolana. Más de 250 venezolanos fueron deportados desde Estados Unidos según las cifras documentadas.
El patrón regional de represión estatal documentado por las organizaciones incluye desmantelamiento de políticas de memoria, desapariciones forzadas, confiscación de bienes a opositores, desapariciones de deportados y endurecimiento de políticas migratorias. Las denuncias de organizaciones de derechos humanos y testimonios de víctimas directas continúan siendo recopiladas mientras los gobiernos involucrados no han emitido respuesta oficial completa a las acusaciones de desaparición forzada.
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