Por Redacción
México, 19 de marzo de 2026.- El llamado Plan B de reforma electoral enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado generó divisiones y reservas entre las fuerzas políticas, con el PT anunciando su respaldo pero cuestionando la fecha de la revocación de mandato, mientras el PAN alertó sobre “torpezas vulgares” que afectarían la democracia. La iniciativa busca recortar progresivamente el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) en 15% en cuatro años y establecer un tope salarial de 134 mil pesos mensuales para los consejeros, quienes actualmente perciben 262 mil pesos brutos.
Ricardo Anaya Cortés, coordinador del PAN en el Senado, criticó que la propuesta no aborda problemas centrales como el dinero del narcotráfico en las elecciones ni la sobrerrepresentación de Morena. “Es una farsa la revocación de mandato y hay torpezas vulgares como eliminar la paridad en los Ayuntamientos”, señaló el legislador, quien advirtió que los cambios generarían mayores costos operativos en los municipios.
Por su parte, el Partido del Trabajo mostró posturas divergentes. Benjamín Robles, dirigente nacional del PT, expresó reservas sobre la fecha planteada para la revocación de mandato, prefiriendo que sea en 2028 y no en 2027 para evitar riesgos a la equidad electoral. “Cuestionamos que el proceso sea impulsado desde el gobierno y no por la ciudadanía”, afirmó. Sin embargo, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre aseguró que su bancada respaldará la iniciativa y votará a favor.
El diputado Rubén Moreira alertó que el Plan B busca influir en los comicios de 2027 más que ser una reforma de fondo. Calificó como “retroceso democrático” la participación del Ejecutivo en campañas mediante la revocación y advirtió sobre daños a la equidad electoral. Mientras tanto, el INE defiende su autonomía presupuestal y sus altos salarios, en una pugna que se arrastra desde 2018 con el gobierno federal.
La reforma propuesta afectaría la configuración de los ayuntamientos, con 56 municipios que verían reducidas sus regidurías y 1,089 que las aumentarían. Además, impactaría a los aproximadamente 18,000 trabajadores del INE, cuyo presupuesto enfrentaría recortes progresivos. El debate se enmarca en los choques históricos entre el organismo electoral y el poder Ejecutivo, con la revocación de mandato ya utilizada en 2022 bajo críticas por su uso como instrumento de promoción política.
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