Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- Diputados federales de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y Movimiento Ciudadano presentaron 23 iniciativas para reformar, adicionar o derogar diversas disposiciones de la Constitución Política, así como de leyes y códigos federales, durante la sesión ordinaria celebrada ayer. Las propuestas abarcan temas laborales, económicos, ambientales y de justicia, con énfasis en la perspectiva de género y derechos humanos.
Entre las propuestas presentadas destaca la iniciativa de la diputada Mónica Becerra, del Partido Acción Nacional (PAN), quien propuso reformas para fomentar la participación de las mujeres en actividades productivas mediante políticas públicas con perspectiva de género. La legisladora también solicitó garantizar la difusión semestral de los programas de apoyo por parte de la Secretaría de Economía.
Por su parte, Ivonne Ortega, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para prohibir que los empleadores exijan pruebas de VIH como requisito para la contratación laboral. La diputada señaló que en 2024 se estimó que 380 mil personas vivían con VIH en México y recordó que en 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que exigir dichas pruebas es un acto discriminatorio.
El conjunto de 23 iniciativas incluye también propuestas relacionadas con la definición de acoso laboral digital, la devolución de recursos a estados mineros, la creación de un Registro Nacional de Huella de Carbono y temas concernientes a la designación de la Fiscalía General de la República. Los textos completos de las reformas fueron turnados a las comisiones correspondientes para su análisis y discusión.
En un evento paralelo relacionado con la agenda educativa, Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), destacó que dentro de la Nueva Escuela Mexicana, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la revaloración del magisterio constituye un principio irrevocable. Aunque esta declaración no forma parte de las iniciativas legislativas presentadas en el recinto parlamentario, refleja la coordinación entre los poderes ejecutivo y legislativo en temas de política pública.
Las propuestas presentadas ayer quedan ahora sujetas al proceso legislativo habitual, que incluye dictaminación en comisiones, discusión en el pleno y, en caso de ser aprobadas, su envío al Senado o su promulgación como ley, dependiendo de la materia de cada iniciativa.
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