Por Luis Martínez Alcántara
El próximo 1 de junio de 2025, México celebrará por primera vez en su historia elecciones para designar a jueces y magistrados mediante voto popular. Este proceso inédito busca democratizar el Poder Judicial, permitiendo que la ciudadanía elija directamente a quienes impartirán justicia en el país. Sin embargo, uno de los mayores retos es convencer a la población de la importancia de participar en estos comicios y disputar el control del Poder Judicial.
La reforma judicial, promulgada en septiembre de 2024, establece la elección de más de 1,600 cargos judiciales federales, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral y jueces de distrito. A pesar de la trascendencia de esta reforma, existe una notable falta de información y difusión sobre el proceso electoral, lo que podría traducirse en una baja participación ciudadana.
La ministra de la SCJN, Lenia Batres Guadarrama, ha señalado que la logística y la ausencia de antecedentes dificultan la implementación de este proceso. Además, la falta de colaboración integral del Poder Judicial, particularmente del Consejo de la Judicatura Federal, ha complicado la organización de este proceso.
Otro desafío radica en garantizar la imparcialidad y transparencia del proceso electoral. La posibilidad de que candidatos utilicen apodos o sobrenombres en las boletas electorales ha generado controversia, ya que podría politizar la elección y desvirtuar la esencia de la justicia. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha rechazado esta práctica para mantener la seriedad del proceso.
La participación ciudadana es crucial para legitimar este nuevo modelo de elección judicial. Sin embargo, la desconfianza en las instituciones y la falta de cultura cívica en torno al Poder Judicial representan obstáculos significativos. Es imperativo implementar campañas de concientización que informen a la población sobre la relevancia de su voto en la conformación de un sistema judicial más justo y transparente.
La primera elección judicial en México representa un hito histórico con el potencial de transformar el sistema de justicia. No obstante, su éxito dependerá en gran medida de la capacidad para involucrar a la ciudadanía, garantizar la transparencia del proceso y superar los desafíos logísticos y culturales que este inédito ejercicio democrático conlleva.
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