Por Redacción
La Judicatura), 18 de marzo de 2026.- Una jueza federal ordenó reabrir por tres meses la investigación penal contra el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de operar una organización criminal dedicada al contrabando de combustible (huachicol fiscal) desde la Agencia Nacional de Aduanas de México. La resolución, emitida en marzo de 2026 en el Centro de Justicia Penal Federal, responde a la negativa reiterada de la Fiscalía General de la República (FGR) de facilitar el acceso completo al expediente, vulnerando el derecho de defensa del imputado, quien permanece recluido en el penal del Altiplano.
El caso, registrado bajo la causa penal 325/2025, se originó tras el decomiso de 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas en marzo de 2025, operación que habría sido coordinada por la organización criminal ‘Los Primos’ con presunta participación de Farías Laguna. Su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, también implicado en los hechos, se encuentra prófugo de la justicia.
La magistrada Mariana Vieyra Valdés, titular del juzgado, determinó que la FGR incumplió en múltiples ocasiones su obligación de entregar la totalidad de la carpeta de investigación al despacho defensor Epigmenio Mendieta, a pesar de existir un plazo perentorio de cinco días previamente establecido. Esta obstrucción procesal motivó la presentación de un recurso de amparo por parte de la defensa, el cual fue concedido para garantizar el acceso a las evidencias.
El exvicealmirante, desde su reclusión, había enviado una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum denunciando violaciones procesales en su caso, aunque los detalles específicos de dichas alegaciones no han sido divulgados oficialmente. La reapertura de la investigación complementaria busca subsanar las deficiencias en el proceso y permitir un examen integral de las pruebas por parte de la defensa.
El huachicol fiscal, modalidad de contrabando que evade el pago de impuestos al comercio de combustibles, representa una de las principales fuentes de financiamiento para grupos delictivos en México. La implicación de altos mandos navales en este tipo de ilícitos evidencia la penetración de la corrupción en instancias estratégicas de seguridad nacional.
Con la nueva ventana de investigación, la FGR deberá facilitar todos los elementos de la carpeta correspondiente en un plazo perentorio, so pena de enfrentar sanciones por desacato judicial. El desarrollo de este caso podría sentar precedentes en la judicialización de delitos fiscales de alta complejidad y en la rendición de cuentas de funcionarios públicos vinculados al crimen organizado.
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