Por Luis Martínez Alcántara
El 5 de febrero de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una propuesta de reforma judicial que busca transformar la elección de jueces mediante el voto popular. Esta iniciativa generó un intenso debate sobre la independencia judicial y la posible politización del sistema de justicia en México. Diversos sectores advierten que la elección popular de jueces podría comprometer la imparcialidad y profesionalismo en la impartición de justicia.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) manifestó su preocupación ante posibles interferencias políticas en sus funciones. La magistrada presidenta, Mónica Soto, enfatizó la importancia de mantener la autonomía del tribunal para garantizar decisiones imparciales en materia electoral.
Esta postura surge en medio de recursos interpuestos por el Instituto Nacional Electoral (INE) contra suspensiones judiciales que afectan su operación, incluyendo medidas cautelares sobre fideicomisos destinados a pensiones judiciales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha desempeñado un papel crucial al resolver casos que delimitan las competencias del Ejecutivo. Recientemente, declaró inconstitucionales ciertas reformas energéticas, subrayando la necesidad de respetar el marco constitucional en la implementación de políticas públicas. Estas decisiones reflejan la tensión entre los poderes Ejecutivo y Judicial en la definición de políticas nacionales.
A nivel estatal, los poderes judiciales enfrentan desafíos significativos. En la Ciudad de México, se reportó la suspensión de plazos procesales en tribunales laborales y civiles debido al mantenimiento de inmuebles, afectando a numerosos litigantes. Estas interrupciones agravan la percepción ciudadana de impunidad y retraso en la impartición de justicia, problemática que se extiende a otras entidades federativas.
La propuesta de reforma judicial ha suscitado diversas reacciones políticas. Mientras el partido MORENA argumenta que la elección popular de jueces democratizará la justicia, analistas y opositores advierten sobre el riesgo de politización y pérdida de independencia judicial. La comunidad internacional también ha expresado inquietudes, señalando que cambios abruptos podrían afectar la confianza en el sistema judicial mexicano.
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