Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre sustancias y desechos peligrosos, Marcos A. Orellana, alertó sobre el aumento exponencial y descontrolado de la ganadería industrial en México durante la última década. Al concluir su segunda visita oficial al país, el funcionario internacional señaló que el modelo de producción ha derivado en la instalación de megafábricas de animales que operan sin regulación adecuada en zonas pobladas.
En sus declaraciones preliminares, Orellana enfatizó que el uso del término ‘granjas porcícolas’ funciona como un eufemismo para ocultar la realidad de instalaciones industriales masivas. El relator citó casos documentados donde existen unidades productivas que albergan hasta 50 mil cerdos en comunidades que apenas cuentan con 1,500 habitantes, lo que genera una presión demográfica y ambiental desproporcionada en dichas localidades.
La advertencia del experto se produjo tras una gira de trabajo realizada del 9 al 20 de marzo de 2026, durante la cual visitó los estados de Sonora, Campeche, Tlaxcala, Nuevo León, Hidalgo, Querétaro y Yucatán. En estos recorridos, el relator sostuvo encuentros con representantes de comunidades afectadas por la presencia de estas industrias, así como con organizaciones de la sociedad civil que han documentado impactos similares en granjas avícolas.
La Cancillería mexicana y la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) emitieron un comunicado conjunto confirmando la realización de la visita oficial. Las dependencias informaron que el relator sostuvo reuniones con autoridades de los tres Poderes de la Unión y con más de 15 dependencias del Gobierno Federal para revisar los avances en materia de protección ambiental y gestión de residuos peligrosos.
Ileana Villalobos Estrada, subsecretaria de Regulación Ambiental, participó en los encuentros junto al subsecretario de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos. Las autoridades federales recibieron las observaciones del organismo internacional en el marco del mandato del relator, establecido originalmente en 1995 y renovado en 2023 para examinar las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión ecológicamente racional de desechos.
Las conclusiones presentadas por Marcos A. Orellana son de carácter preliminar y sirven como insumo para la elaboración de un documento definitivo. La postura del relator pone en la agenda pública la discusión sobre la dimensión real de la explotación animal en el territorio nacional y sus efectos en el entorno social donde se establecen estas operaciones industriales.
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