Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cerró definitivamente el caso de financiamiento ilícito en contra de Pío López Obrador en marzo de 2026, tras concluir que no existen pruebas contundentes que respalden las acusaciones. La resolución pone fin a un proceso que se originó en agosto de 2020 y que involucró al Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía General de la República.
El caso se desprendió de la difusión de videos grabados en 2015 en el estado de Chiapas, los cuales fueron hechos públicos en 2020 por el medio Latinus, dirigido por Carlos Loret de Mola. En las grabaciones aparece Pío López Obrador recibiendo sobres de dinero en efectivo de David León Romero. Los montos mencionados en los videos ascienden a 1 millón de pesos y 400 mil pesos.
Pío López Obrador ha declarado no haber cometido ninguna falta o delito, pese a que las grabaciones muestran la entrega de dinero. La magistrada Mónica Soto formó parte de la Sala Superior del TEPJF que analizó el caso. Andrés Manuel López Obrador realizó una declaración pública sobre el tema en 2020, cuando el caso comenzó a tomar relevancia mediática.
El Instituto Nacional Electoral cerró la investigación administrativa en 2021 por prescripción de la falta. Posteriormente, la Fiscalía General de la República archivó el caso penal en octubre de 2022 por falta de elementos para proceder. Pío López Obrador impugnó el caso ante el TEPJF desde octubre de 2020, y el tribunal electoral mantuvo el expediente abierto hasta marzo de 2026.
Existe una contradicción entre la resolución del TEPJF, que concluye que no hay pruebas contundentes de financiamiento ilícito, y las fuentes periodísticas que enfatizan la evidencia visual de los videos y la falta de rastreo del dinero. Los videos no tuvieron valor probatorio para el tribunal, aunque los detalles específicos de por qué ocurrió esto no fueron especificados en la resolución pública.
El cierre definitivo del caso por parte del TEPJF representa la conclusión de un proceso judicial y electoral que se extendió por casi seis años. La exoneración de Pío López Obrador ocurre en un contexto político donde el financiamiento de partidos y movimientos políticos sigue siendo tema de debate público en México.
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