Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó por unanimidad a una mujer y ordenó a la empresa telefónica AT&T la reparación del daño, tras determinar que la compañía incurrió en responsabilidad civil extracontractual subjetiva al entregar un duplicado de la tarjeta SIM de la víctima a un tercero sin verificar correctamente su identidad.
La ministra Loretta Ortiz, quien presentó los proyectos de amparo, señaló que este asunto afecta a millones de usuarios de telefonía móvil y enfatizó que las empresas deben responder ante un manejo negligente de datos personales. Sobre la violencia digital, la socióloga Silvia Semenzin indicó que “la violencia digital se ejerce muy a menudo contra mujeres corrientes” y explicó que “al final es acoso. Las ‘bromas’ consisten en enviar fotos del pene. Lo llaman broma, pero es un ejercicio de control”.
En el ámbito legislativo federal, el Senado aprobó por unanimidad de 109 votos reformas a las leyes de Comercio Exterior y Federal del Trabajo para proteger a los trabajadores del campo, especialmente jornaleros en empresas agroindustriales, y evitar la deforestación. Estas modificaciones autorizan la expedición de certificaciones laborales obligatorias para empresas exportadoras de aguacate, frutos rojos y otros productos del agro; la iniciativa fue remitida a la Cámara de Diputados.
Simultáneamente, se encuentra en comisiones de la Cámara de Diputados la Ley Myrna, iniciativa impulsada por el diputado federal Adrián González Naveda del Partido del Trabajo. Esta propuesta busca adicionar decretos al Código Civil Federal, Código de Comercio y la Ley de Instituciones de Crédito para que los recursos de los programas sociales sean legalmente intocables e inembargables por instituciones bancarias y despachos de cobranza.
A nivel estatal, el dirigente Pepe Couttolenc impulsa desde el Congreso del Estado de México, a través de la bancada del Partido Verde, una iniciativa para reconocer, prevenir y sancionar la violencia de género en el deporte. La propuesta, presentada por la diputada Alejandra Figueroa, plantea sanciones de seis meses a dos años de prisión y multas de 50 a 300 días por este tipo de delitos.
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