Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial previa en casos de sospecha de lavado de dinero. Ante el fallo, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la decisión durante la conferencia matutina del miércoles 8 de abril, mientras organizaciones políticas criticaron la medida por considerar que vulnera derechos constitucionales.
Sheinbaum señaló que el objetivo de la UIF es garantizar el sistema financiero nacional y evitar el lavado de dinero, afirmando que el gobierno combate a la delincuencia organizada siguiendo la ruta del dinero. La mandataria reveló que desde octubre de 2024, inicio de su administración, la UIF ha inmovilizado 5 mil millones de pesos en cuentas relacionadas con presuntas operaciones ilícitas. “Mientras tanto inmovilizamos recursos que son utilizados por la delincuencia organizada o por factureros, que es delincuencia de cuello blanco. Eso es lo que resolvió la Corte”, dijo la presidenta.
Respecto a las garantías legales, Sheinbaum explicó que si la UIF inmoviliza una cuenta, el afectado puede presentar un amparo, cuyo proceso tarda máximo seis meses debido a modificaciones en las leyes relacionadas con este recurso. “Si el privado dice: ‘Oye, esto fue de manera injusta’, puede presentar un amparo. No hay suspensión inmediata, nosotros modificamos todas las leyes que tienen que ver con el amparo (…) ahora el proceso tarda máximo 6 meses”, afirmó. La presidenta sostuvo que anteriormente los afectados obtenían amparos de manera inmediata, lo que permitía retirar el dinero y dejaba sin efecto las investigaciones.
La mandataria aseguró que la medida no tiene fines de persecución política y que ningún empresario debe temer acciones fuera de la ley. “La UIF nunca en la historia le ha cerrado la cuenta a un empresario que no esté implicado en lavado de dinero, nunca en la historia”, declaró Sheinbaum. Además, mencionó que en Estados Unidos también se realiza el bloqueo de cuentas sin orden judicial. De acuerdo con lo publicado, la facultad de la UIF se aplicará exclusivamente contra el crimen organizado, según explicó el titular del organismo, Omar Reyes Colmenares.
Con el fallo, se estableció que las instituciones financieras deberán notificar al usuario las razones del congelamiento y su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas. La persona afectada contará con 5 días hábiles para solicitar audiencia ante la UIF, la cual deberá otorgarla en un plazo de 10 días hábiles y emitir una resolución en un máximo de 15 días hábiles.
Por otro lado, la organización política Somos México señaló a la SCJN y a la UIF de violentar la Constitución al permitir el congelamiento de cuentas sin mandato judicial. La agrupación indicó que el bloqueo procederá solo con indicios de una operación financiera irregular, lo que deja “en total indefensión a la ciudadanía”. Somos México afirmó que con argumentos político-ideológicos identificados con Morena, la SCJN entregó al Poder Ejecutivo la decisión de bloquear cuentas, dado que la UIF depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La organización criticó que ya no será necesaria una petición internacional con expediente de prueba para que un juez autorice el bloqueo. Asimismo, Somos México aseveró que con el desechamiento de dos amparos y la reforma a la Ley de Amparo de 2025, la parte afectada no podrá ampararse para solicitar la suspensión de la medida durante el juicio. La polémica se produce en medio de presiones de Estados Unidos, cuyo Departamento del Tesoro sancionó recientemente a tres instituciones mexicanas por estar presuntamente involucradas en el tráfico de opioides.
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