Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó en lo general una versión modificada de la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, iniciativa impulsada por el Ejecutivo federal tras no alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. La votación, realizada aproximadamente a las 23:00 horas del miércoles 25 de marzo, consolidó un acuerdo entre Morena y parte de la oposición para avanzar en puntos administrativos, aunque dejó fuera elementos centrales como la revocación de mandato para 2027 y aspectos relacionados con la campaña presidencial, debido al rechazo explícito del Partido del Trabajo (PT).
La aprobación de este dictamen representa un segundo intento del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo para modificar la estructura electoral del país. A diferencia de la propuesta original, el texto validado por el pleno senatorial se centra ahora en la reducción de regidurías, el establecimiento de límites al gasto en los congresos estatales y la imposición de topes salariales para funcionarios de los organismos electorales. Estos cambios implican modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución.
El desenlace de la sesión estuvo marcado por la postura de Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, quien aclaró que su partido mantendrá su apoyo a la presidenta y al movimiento progresista, pero no avalará el artículo 35 de la reforma. Esta decisión fracturó la expectativa de una aprobación integral y obligó a los legisladores de Morena a negociar con otras fuerzas políticas para sacar adelante el proyecto. El PT cuenta con seis senadores, una cifra que resultó determinante para la configuración de los consensos finales.
En el debate participaron posturas de diversos grupos parlamentarios. Agustín Dorantes, representante del Partido Acción Nacional (PAN), y Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano (MC), intervinieron en la discusión legislativa estableciendo sus respectivas posiciones frente a los alcances de la nueva normativa. La dinámica de la sesión reflejó las contradicciones internas en el bloque oficialista y la necesidad de construir mayorías heterogéneas para cada artículo constitucional en disputa.
Con esta aprobación en lo general, la reforma electoral avanza hacia su siguiente etapa legislativa, aunque con un alcance reducido respecto a las aspiraciones iniciales del Ejecutivo. El proceso subraya la complejidad política para lograr reformas estructurales en un entorno donde los aliados tradicionales del gobierno muestran divergencias en temas sensibles como la permanencia de cargos de elección popular y los mecanismos de participación ciudadana.
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