Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- A 32 años del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas ha solicitado un indulto para Mario Aburto, el hombre condenado por el crimen. La petición fue dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum en el contexto del aniversario del atentado, manteniendo vigente la discusión pública sobre las circunstancias del homicidio y la posible existencia de un complot.
Mario Aburto permanece en prisión, a pesar de que su condena ya fue cumplida según los registros legales. La solicitud de indulto surge en un escenario donde persisten múltiples teorías que cuestionan la versión oficial de que el acusado actuó solo, apuntando hacia la participación de más responsables o una autoría intelectual no esclarecida del todo.
El debate sobre los hechos del atentado presenta discrepancias documentales. Mientras que el documental titulado ‘Los asesinos de Colosio’ plantea como un hecho que hubo dos balazos durante el ataque, testimonios de columnistas que estuvieron presentes en el lugar sostienen que solamente se escuchó una detonación. Esta contradicción alimenta las dudas sobre la dinámica exacta del crimen y la veracidad de las conclusiones judiciales originales.
La figura de Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien era el candidato del PRI a la presidencia, sigue siendo un punto de referencia en la política mexicana a tres décadas de su muerte. La intervención de su hijo, ahora senador, busca cerrar o reabrir el capítulo legal de un caso que ha marcado la historia contemporánea del país, aunque hasta el momento no se ha detallado una respuesta oficial de la presidencia respecto a la viabilidad del indulto solicitado.
La controversia se mantiene activa en medios de comunicación y análisis políticos, donde se critica la narrativa establecida y se examinan las inconsistencias entre las diferentes fuentes de información disponibles sobre el caso. La solicitud formal pone sobre la mesa la necesidad de revisar el estatus legal de Aburto frente a las interrogantes que aún rodean al magnicidio.