Ciudad De México, 04 de abril de 2026.- Un conjunto de sentencias judiciales, movilizaciones sociales y pronunciamientos internacionales marcaron la agenda en materia de derechos humanos y justicia penal. Mientras tribunales en Estados Unidos y México imponen largas condenas por delitos sexuales y secuestro, organizaciones civiles y gobiernos extranjeros elevan su voz frente a violaciones al derecho internacional y la impunidad.
En el ámbito internacional, el gobierno de Kuwait emitió una “firme condena y rechazo” tras la aprobación en el Parlamento de Israel de una ley que establece la pena de muerte por ahorcamiento para presos palestinos condenados por ataques considerados terroristas. La norma fue avalada con 62 votos a favor y 48 en contra. La cancillería kuwaití expresó su “profunda preocupación” y calificó la medida como “una grave escalada” y una violación directa al derecho internacional humanitario. En un comunicado, el gobierno de Kuwait llamó a “adoptar medidas disuasorias para frenar estas prácticas ilegales y garantizar la protección necesaria de los presos palestinos conforme al derecho internacional”.
En Estados Unidos, un tribunal federal en Waco, Texas, dictó una sentencia de 80 años de prisión contra Kevin Duane Pridemore, de 41 años, por producir y poseer material de abuso sexual infantil. El juez federal Alan D. Albright impuso la pena de forma consecutiva: 360 meses por cada uno de los dos cargos de producción de pornografía infantil y 240 meses adicionales por el cargo de posesión. Además, el tribunal ordenó al condenado el pago de 207 mil dólares como indemnización para las víctimas identificadas. Por otro lado, un jurado de Santa Mónica declaró culpable al actor Bill Cosby, de 88 años, de drogar y violar a una mujer llamada Donna Motsinger, de 84, en 1972; Cosby deberá afrontar el pago de 19.25 millones de dólares en daños.
En México, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo sentencia condenatoria de hasta 84 años de prisión en contra de cinco personas de una familia que integraban una banda de secuestradores en la zona de Macuspana, Tabasco. Los sentenciados son: Mario N., José N., Alberto N., Manuel N. y Griselda N., por delincuencia organizada, secuestro agravado y portación de arma de fuego. Simultáneamente, en Toluca, familiares de pacientes que sufrieron lesiones graves o fallecieron tras cirugías plásticas se manifestaron para exigir justicia y solicitaron a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez que escuche sus casos. Se han contabilizado ocho víctimas: dos fallecieron y seis sufren lesiones graves y permanentes. Los médicos Jesús Fernando N, Carolina N y Diego Humberto N están bajo investigación por cuatro casos de cirugías plásticas fallidas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó un eventual indulto a Mario Aburto Martínez, preso por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. El organismo llamó a profundizar las investigaciones y retomar las líneas de investigación contenidas en la Recomendación 48VG/2021. La CNDH advirtió que “optar por cualquier otro camino, incluido el indulto, significaría encubrir los hechos y la pérdida de una oportunidad única para acercarse a la verdad”. En otro frente, la organización Pueblos Unidos de la Región Choluteca y de los Volcanes y la madre buscadora hondureña Ana Enamorado fueron ganadores del 31 Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo. El galardón se entregará el 25 de abril a las 4 de la tarde en la capilla abierta de la Catedral de Cuernavaca. Los organizadores destacaron que Ana Enamorado, pese a estar radicada en México desde hace 14 años con calidad migratoria de visitante por razones humanitarias, fundó la Red Regional de Familias Migrantes para buscar a sus desaparecidos en tránsito.
En Morelos, se reiniciaron por quinta ocasión las exhumaciones en las fosas de Jojutla. Edith Hernández Torres, integrante de las colectivas, describió el proceso como “atropellado y sin control”. “Hoy iniciamos con una excavación no controlada. Todavía no se ha rescatado ningún cuerpo y creemos que no hay un control adecuado”, señaló. No obstante, las colectivas señalaron que uno de los aspectos positivos fue la supervisión en la zona del fiscal Fernando Blumenkron Escobar. Finalmente, Carlota ‘N’, acusada de doble homicidio y tentativa contra un menor, salió del penal de Chalco para permanecer en prisión domiciliaria tras la modificación de su medida cautelar por un juez. Al salir, la mujer declaró: “Fue un mal rato realmente, pero lo tomo como una defensa personal”.
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