Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes un nuevo paquete de reformas electorales, conocido como ‘Plan B’, enfocado en reducir el presupuesto de los congresos locales y los ayuntamientos, tras el rechazo legislativo de una iniciativa más ambiciosa la semana pasada. La propuesta, que será enviada al Congreso de la Unión este martes, busca eliminar ‘privilegios’ en los legislativos estatales y municipales, con un ahorro estimado de 4,000 millones de pesos que, según la mandataria, se redirigirán a obras públicas.
El anuncio se produce luego de que el 11 de marzo, el llamado ‘Plan A’ de reforma electoral fuera rechazado en la Cámara de Diputados, donde los aliados de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), votaron mayoritariamente en contra. Ante este revés, el gobierno federal optó por una estrategia más acotada que, según el análisis de medios, deja de lado por el momento cambios al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a los partidos políticos federales y al propio Congreso federal.
Sheinbaum explicó que la iniciativa se centra en ‘disminuir el presupuesto de los congresos locales y de los regidores’ a nivel municipal. Como ejemplo, citó los altos costos por legislador en entidades como Baja California, donde ascienden a 34.8 millones de pesos, y en Colima, con 5.1 millones de pesos. ‘La reducción del financiamiento a los partidos políticos no se logró ahora’, reconoció la presidenta, marcando una diferencia clave con la propuesta original fallida.
Para su entrada en vigor, el ‘Plan B’ requerirá ser aprobado no solo por el Congreso de la Unión, sino también por al menos 17 congresos locales, un proceso que anticipa una nueva batalla política en los estados. La iniciativa busca modificar la Constitución en aspectos relacionados con la organización y el gasto de los poderes legislativos estatales y los cabildos municipales.
El contexto político indica que, tras la derrota del ‘Plan A’, el gobierno busca consolidar a su base aliada y presentar una propuesta con mayor probabilidad de consenso entre sus socios legislativos. Sin embargo, la oposición y algunos analistas ya han señalado que se trata de un intento por avanzar, de manera fragmentada, en una agenda de cambios al sistema electoral que ha generado amplia controversia desde el inicio del actual sexenio.
Quedan por conocerse detalles específicos del texto de la iniciativa, el desglose exacto del ahorro proyectado y el mecanismo legal para etiquetar los recursos hacia infraestructura. La propuesta llega en un momento de tensión entre el Ejecutivo federal y los congresos locales, varios de los cuales han sido escenario de confrontaciones por la aprobación de reformas constitucionales.
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