Por Monserrat Californias
La presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado acciones legales contra Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán, quien en su cuenta de X acusó a la mandataria de ser “el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante” y calificó su gobierno de “corrupto”. Estas declaraciones, vertidas tras la declaración de culpabilidad de Ovidio en una corte de Chicago, encendieron críticas virulentas y respuestas institucionales.
Sheinbaum calificó las acusaciones de Lichtman como “irrespetuosas y ofensivas”, señalando que no existe complicidad entre su administración y ningún grupo criminal. Además, enfatizó que el manejo del caso de Ovidio Guzmán corresponde únicamente a la Fiscalía General de la República, no al Ejecutivo, y subrayó que no hay actos de contubernio ni complicidad.
La FGR respaldó a la presidenta y emitió un comunicado en el que calificó las declaraciones del abogado como “irresponsables y sin pruebas”, tachándolas de oportunismo mediático. Por su parte, funcionarias como Ernestina Godoy también las rechazaron rotundamente, demandando respeto y respaldo al ejercicio presidencial.
Lichtman no se quedó en silencio: reafirmó sus señalamientos en X y aseguró que ofrecerá más información próximamente, insistiendo en que el gobierno mexicano operaba bajo intereses oscuros vinculados al cártel de El Mayo Zambada. Este contragolpe disparó una batalla legal que ahora deberá resolverse ante instancias judiciales por posible difamación.
Con la presentación de una demanda formal por parte de Sheinbaum, este episodio marca un capítulo relevante en el debate político y diplomático entre México y Estados Unidos. El juicio dará paso a presentar pruebas y testigos, y podría redefinir la relación institucional y pública entre la presidencia, la FGR y actores del caso Guzmán.
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