Lázaro Cárdenas, 27 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a abrir un debate nacional sobre la posibilidad de juzgar como adultos a menores de edad que cometen homicidios, tras el asesinato de dos maestras en un plantel educativo de Michoacán. El ataque ocurrió el pasado 24 de marzo en la preparatoria Antón Makárenko, ubicada en este municipio costero, donde un estudiante de 15 años ingresó armado y ultimó a las docentes Tatiana “N” y María del Rosario “N”.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria calificó el suceso como “muy doloroso” y señaló que existen indicios de que el agresor había preparado el ataque buscando específicamente a las víctimas. Sheinbaum enfatizó que, más allá de la sanción penal, es necesario atender el fenómeno de manera integral para evitar que situaciones similares se repitan, por lo que anunció la implementación de un programa de salud mental en secundarias y preparatorias.
El presunto responsable, identificado en redes sociales con el alias “@vodka.om” y señalado como hijastro de un elemento de la Secretaría de Marina, fue sometido por personal de la escuela antes de la llegada de las autoridades. Al momento de su detención, portaba un fusil de asalto AR-15 con un cargador que contenía al menos 40 balas. La Secretaría de Educación Pública (SEP), dirigida por Mario Delgado, confirmó la suspensión de actividades en el plantel afectado mientras se realizan las investigaciones correspondientes.
El crimen ha reavivado la controversia respecto al marco legal vigente, específicamente la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la cual establece que la pena máxima para menores que cometen homicidios calificados es de cinco años de internamiento. La presidenta expresó que es un tema que debe discutirse en el país, reconociendo que hay posturas divididas entre quienes consideran que quien quita la vida debe ser sancionado como adulto y quienes defienden el sistema actual centrado en la reinserción.
Mientras se define el futuro jurídico del caso, la comunidad educativa de Lázaro Cárdenas permanece en estado de alerta. Las autoridades estatales y federales han iniciado revisiones para determinar si existen patrones de violencia juvenil similares que requieran atención inmediata, en un contexto donde la seguridad en las escuelas se ha convertido en una prioridad de seguridad pública.
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