Por Redacción
México, 18 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante el Senado su Plan B de reforma electoral, que incluye la reducción de regidores municipales, topes presupuestales para congresos locales y modificaciones sustanciales al proceso de revocación de mandato. La iniciativa, respaldada por Morena y el PVEM, llega tras el rechazo del Plan A en la Cámara de Diputados y deberá aprobarse antes de septiembre por restricciones constitucionales.
El paquete legislativo propone reducir el número de regidores por municipio, estableciendo un rango de 7 a 15 según el tamaño de la población, y elimina el principio de paridad de género en estas posiciones. Además, impone un tope del 0.7% del presupuesto estatal para el gasto de los congresos locales y mantiene topes salariales para funcionarios electorales.
Uno de los cambios más polémicos modifica las reglas de la revocación de mandato, permitiendo a la presidenta realizar campaña con recursos no especificados y adelantando el plazo para solicitarla al tercer año de gobierno. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, defendió la iniciativa como “una medida necesaria de austeridad republicana”.
El PVEM anunció apoyo unánime al Plan B, aunque surgieron contradicciones cuando el senador Luis Armando Melgar no ratificó su voto y solicitó revisión previa del texto. Manuel Velasco, líder del partido verde, calificó la reforma como “un paso hacia la modernización del sistema político”.
La oposición, encabezada por Kenia López Rabadán del PAN, criticó severamente la iniciativa, señalando que “disfraza recortes antidemocráticos bajo el pretexto de austeridad” y advirtió sobre el riesgo de concentración de poder. La senadora destacó especialmente la eliminación de la paridad de género en regidurías como un retroceso en derechos.
El contexto de la reforma se enmarca en las 741 investigaciones iniciadas por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) durante 2025, que según el gobierno evidencian la necesidad de ajustes al sistema. La iniciativa deberá negociarse con el Partido del Trabajo, cuya posición oficial aún no se ha manifestado claramente.
Monreal mencionó además una reforma judicial complementaria que se presentaría posteriormente, aunque no especificó detalles. El debate del Plan B electoral se perfila como uno de los primeros grandes retos legislativos de la administración de Sheinbaum, con consecuencias directas para la organización de los comicios locales de 2027.
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