Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que absolvió a Pío López Obrador de las acusaciones relacionadas con los videos de recepción de dinero, mientras el periodista Carlos Loret de Mola denunció que se trata de una venganza del régimen y cuestionó el alineamiento de instituciones del Estado para exonerarlo.
Durante la conferencia mañanera celebrada en Ciudad de México, Sheinbaum declaró que pues ya dijo el Tribunal Electoral que no cometió ningún delito y añadió que es el Tribunal Electoral, ellos tienen sus mecanismos para revisar si hubo una violación de algún tipo a las leyes electorales y esa es su resolución, pues hay que ver con base en qué hizo esta resolución.
Por su parte, Carlos Loret de Mola calificó la decisión como una venganza del régimen y denunció que todas las instituciones del Estado relacionadas al caso se han alineado para exonerar a Pío López Obrador. El periodista enfrenta demandas por 200 millones de pesos cada una contra LatinUS y su persona por daño a la imagen.
Los videos donde Pío López Obrador recibe dinero en sobres amarillos fueron grabados por David León y dados a conocer por Carlos Loret de Mola en LatinUS en 2020. Según las fuentes, el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que ese dinero era para Morena.
Medios como López-Dóriga Digital publicaron análisis críticos sobre la resolución, señalando que un tribunal constitucional a la medida lo absolvió de lo que, en los hechos, era inabsolvible. Esta postura contrasta con la posición oficial que sostiene que no se cometió delito y se respeta la resolución del tribunal.
Carlos Loret de Mola ha denunciado riesgos a su seguridad en relación con el caso. La resolución escrita y los argumentos jurídicos específicos del TEPJF para la absolución no fueron especificados en las fuentes consultadas.
La contradicción de posiciones entre el gobierno federal y los medios que difundieron los videos marca el debate político sobre la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones electorales mexicanas.
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