Ciudad De México, 11 de junio de 2026.- La Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas mantiene una disputa legal contra la FIFA y el Grupo Ollamani debido a las condiciones impuestas a los propietarios de palcos y plateas del Estadio Banorte durante el Mundial, así como por modificaciones al reglamento que, según afirman, afectan derechos adquiridos por varias décadas.
Roberto Ruano, representante de la asociación, explicó que durante el proceso de prerregistro para asistir a los partidos, los propietarios debieron aceptar un reglamento cuyo contenido completo no estaba disponible en ese momento. “Todos de buena fe firmamos, y cuando terminamos a las dos semanas, misteriosamente ese link apareció y es el nuevo reglamento que afecta nuestros derechos por los siguientes 39, 40 años que queda de vigencia de nuestros contratos”, señaló.
La controversia, que se encuentra actualmente en los tribunales, versa sobre el cumplimiento de resoluciones judiciales y cambios que alteran las condiciones bajo las cuales adquirieron sus espacios. Los titulares cuentan con derechos vinculados a la propiedad, entre ellos la posibilidad de vender, rentar o ceder los títulos, así como el uso de cajones de estacionamiento y el ingreso de alimentos y bebidas.
Un grupo de propietarios obtuvo medidas cautelares para garantizar diversos derechos durante los eventos mundialistas, incluyendo el acceso al estadio mediante la exhibición de los títulos de propiedad sin necesidad de boleto en casos donde no pudieron completar el prerregistro, así como el acceso vehicular y la entrada de alimentos. Sin embargo, recientemente intentaron ingresar al inmueble con una orden judicial vigente, pero les fue negado el acceso.
Según Ruano, los abogados del estadio o de la FIFA negaron la entrada argumentando que se rigen por las leyes de la FIFA y no las de México. “Los abogados del estadio, o de FIFA, no sabemos, ellos se dijeron, somos abogados de aquí, les negamos la entrada porque nosotros nos regimos por las leyes de FIFA, no las de México”, detalló el representante. Los propietarios consideran que esta negativa constituye un desacato, pues sostienen que existen medidas cautelares vigentes emitidas por distintos juzgados.
Ante esta situación, la asociación ya promovió las acciones legales correspondientes y espera una resolución judicial. Ruano destacó que más del 70 por ciento de los dueños o titulares de palcos son personas de la tercera edad, muchos de los cuales adquirieron los espacios durante la década de 1960 y enfrentan dificultades de movilidad.
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