Por Redacción
Ciudad De Washington, 21 de marzo de 2026.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó la venta de 140 millones de barriles de petróleo iraní previamente sancionado, como parte de medidas excepcionales para contener el alza de precios energéticos que superan los 100 dólares por barril, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán que provocó el cierre del estrecho de Ormuz y afectó las cadenas de suministro globales.
La administración del presidente Donald Trump implementó esta decisión simultáneamente con la modificación de la ley Jones para facilitar el transporte marítimo de combustibles, mientras el precio de la gasolina en el mercado estadounidense se ubica entre 3.8 y 4.2 dólares por galón, según datos del sector energético.
Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE.UU., participó en el anuncio de las medidas desde la Ciudad de Washington, donde se coordinaron las acciones con el Departamento del Tesoro para estabilizar el mercado energético ante la crisis desatada en Medio Oriente.
En México, el secretario de Hacienda, Édgár Amador, evaluó el impacto económico de la crisis energética global, mientras la Asociación de Bancos de México, presidida por Emilio Romano, analizó las consecuencias financieras del escenario internacional para el sistema bancario mexicano.
El gobierno mexicano implementó subsidios fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para amortiguar el impacto en los precios de combustibles, aunque analistas alertan sobre la presión inflacionaria que podría derivarse de la situación energética global.
Existen contradicciones en las declaraciones oficiales: mientras Donald Trump afirmó que no busca un alto el fuego, simultáneamente anunció que contempla reducir gradualmente las operaciones militares contra Irán. Además, el presidente estadounidense criticó a países de la OTAN por no querer abrir el estrecho de Ormuz, pero también declaró que Estados Unidos prescinde de dicha vía marítima.
El conflicto ha generado incertidumbre sobre los objetivos militares específicos y la situación del petróleo iraní varado en el mar, mientras persisten discrepancias sobre los ataques a infraestructura en la región, incluyendo una planta desalinizadora que Irán atribuyó a EE.UU. pero que el ejército estadounidense negó.
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