Por Redacción
Washington, 23 de marzo de 2026.- El presidente Donald Trump ordenó el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en al menos 13 aeropuertos de Estados Unidos, como respuesta urgente a la crisis operativa en la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) derivada del cierre parcial del gobierno federal. La decisión, coordinada con Tom Homan, asesor presidencial en materia de inmigración, tiene como objetivo paliar las largas filas y cancelaciones de vuelos causadas por la ausencia masiva de trabajadores de seguridad que llevan más de un mes sin recibir salario.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) permanece cerrado desde el 14 de febrero de 2026 debido a un bloqueo presupuestario en el Congreso centrado en desacuerdos sobre políticas migratorias. Esta situación ha dejado a aproximadamente 50,000 agentes de la TSA trabajando sin pago, lo que provocó que más de 300 empleados abandonaran sus puestos y que, para el 15 de marzo, el 10% de la fuerza laboral no se presentara a trabajar. Los aeropuertos más afectados registran tasas de ausentismo críticas: 28.2% en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), 25.84% en LaGuardia (LGA) y 13.83% en Newark, todos bajo la jurisdicción de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.
Según reportes de medios, el operativo de ICE se ha implementado en entre 13 y 14 terminales aéreas clave, incluyendo el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL) y el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago (ORD), además de los tres principales de Nueva York. Aunque existe una discrepancia menor en las cifras exactas de aeropuertos entre distintas fuentes, la presencia de agentes federales usualmente dedicados a la aplicación de leyes de inmigración marca un cambio significativo en la gestión de la seguridad aeroportuaria durante la emergencia presupuestaria.
La medida ha generado críticas inmediatas por parte de legisladores demócratas y opositores políticos, quienes argumentan que desviar a una agencia migratoria de su función principal para cubrir tareas de inspección de pasajeros representa una solución controversial que podría generar tensión operativa. Hasta el momento, no se han detallado declaraciones oficiales del DHS o de la TSA sobre los protocolos específicos de coordinación con ICE, ni se ha especificado el proceso de formación que recibirán estos agentes para las nuevas tareas ni la duración prevista del despliegue.
Este escenario refleja la escalada de tensiones políticas en Washington, donde la continuidad de los servicios esenciales de aviación depende ahora de una reconfiguración forzosa de las agencias federales. Mientras los sindicatos y trabajadores de la TSA enfrentan la incertidumbre económica, la administración Trump apuesta por el uso de recursos de otras corporaciones gubernamentales para mantener la operatividad en los cielos estadounidenses, sin que hasta la fecha se haya resuelto el impasse legislativo que mantiene el cierre del departamento de seguridad.
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