Washington, 24 de marzo de 2026.- El gobierno de Donald Trump ordenó el lunes 23 de marzo el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 14 aeropuertos principales de Estados Unidos, como respuesta urgente a la parálisis presupuestaria que ha dejado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sin financiamiento durante cinco semanas. La decisión, anunciada por Tom Homan, zar de la frontera de la Casa Blanca, busca mitigar el colapso operativo de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), cuyos empleados enfrentan ausencias masivas y renuncias por la falta de pago de salarios completos desde el 14 de febrero.
La crisis de personal ha generado cifras alarmantes: la tasa nacional de ausencias en la TSA alcanzó el 11.76% el 22 de marzo, acompañada de más de 400 renuncias reportadas. Como consecuencia, los tiempos de espera en los puntos de seguridad se han disparado drásticamente. En el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta, los pasajeros reportaron esperas de casi tres horas; en el George Bush de Houston, la demora fue de dos horas, y en el JFK de Nueva York superó la hora, según los datos duros de la investigación.
A pesar de la intención gubernamental de presentar el despliegue como una solución necesaria, existen limitaciones operativas críticas. Los agentes del ICE no cuentan con capacitación para realizar funciones esenciales de seguridad aeronáutica, como la operación de escáneres de rayos X, revisiones de equipaje o cacheos físicos. Su labor se ha restringido a tareas auxiliares de manejo de filas y vigilancia, lo que diversos reportes califican como una “solución incompleta” que no resolvió el problema de fondo durante su primer día de operaciones.
La medida ha desatado reacciones políticas divididas. Por un lado, el portavoz del DHS defendió la acción como un apoyo vital para aliviar la carga del personal remanente. Por otro, figuras de la oposición y hasta miembros del propio partido republicano han cuestionado la estrategia. Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara, y Mikie Sherrill, gobernadora de Nueva Jersey, criticaron la maniobra considerándola inaceptable y generadora de riesgos. Incluso la senadora republicana Lisa Murkowski expresó reservas sobre la eficacia de la táctica.
Andre Dickens, alcalde de Atlanta, también se pronunció respecto a la situación en su ciudad, donde se concentra uno de los mayores flujos de pasajeros afectados. La tensión entre el anuncio oficial del gobierno y los reportes de ineficacia subraya la gravedad del escenario: mientras las autoridades insisten en que los agentes del ICE son la respuesta, la realidad en las terminales aéreas muestra que la falta de personal especializado sigue siendo el cuello de botella que paraliza la aviación comercial.
Este despliegue ocurre en un contexto de incertidumbre legislativa, pues el Senado ha rechazado por quinta vez desde febrero el paquete de financiamiento para el DHS, sin que exista un plazo estimado claro para resolver la parálisis presupuestaria. La ausencia de protocolos específicos de supervisión para los nuevos roles de los agentes del ICE y la falta de una lista verificada completa de los 14 aeropuertos intervenidos dejan vacíos de información que podrían complicar la evaluación real del impacto de esta medida de emergencia en los próximos días.
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