Badiraguato, 09 de abril de 2026.- Trece elementos del Ejército Mexicano fueron vinculados a proceso por el homicidio de Leidy y Alexa, de 11 y 7 años de edad, así como por la tentativa de homicidio de dos adolescentes y dos adultos, todos integrantes de una misma familia.
El 6 de abril, el juez de control Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Los Mochis, dictó la vinculación a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. La resolución se basa en pruebas presentadas por agentes de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, que acreditaron el uso letal de la fuerza de forma injustificada, calificando los hechos como una “actuación dolosa”.
Los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2025 en la comunidad de La Cieneguilla, Sinaloa. Según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la familia transitaba en una camioneta con dirección a la escuela cuando, al encontrar el camino bloqueado, retornó hacia su casa. En ese momento, “sin previo aviso o justificación alguna, un convoy de tres vehículos del Ejército que circulaba en el otro carril abrió fuego en contra del vehículo”.
De acuerdo con informes periodísticos, el convoy militar disparó en más de cien ocasiones contra la unidad familiar. Leidy y Alexa murieron en el acto, mientras que sobrevivieron una adolescente de 14 años, otra de 12 y dos adultos. En un inicio, las autoridades anunciaron que se trató de un enfrentamiento, versión que nunca fue desmentida ni corregida públicamente.
Las víctimas fueron notificadas el 31 de marzo pasado sobre la ejecución de diversas órdenes de aprehensión en contra de los 13 militares. La familia de las niñas ha denunciado ante las instancias correspondientes “el uso ilegítimo y arbitrario de la fuerza”.
Sobre la responsabilidad de los uniformados, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señaló que “los elementos castrenses cuentan con adiestramiento y formación en el uso de la fuerza y existía una alta previsibilidad del resultado letal que ocasionaría el accionar sus armas en contra de la camioneta en la que transitaba la familia”, además de no actualizarse alguna causal de exclusión de responsabilidad.
Mientras la justicia federal avanza, la jurisdicción militar abrió una investigación paralela sobre los hechos. Por su parte, la defensa de los militares argumentó que los actos ocurrieron en “un contexto de violencia en el estado”, descrito como uno de los más peligrosos del país debido a la disputa entre carteles de la droga.
Ante la vinculación a proceso, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez expresó: “La expectativa es que todas las instituciones estén a la altura del desafío que implica garantizar verdad y justicia en el homicidio de dos niñas a manos de elementos castrenses, en un contexto donde en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares la constante es la impunidad”.
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