4 El exjefe de contabilidad, Javier Ramírez Manjarrez admite su responsabilidad, pero señala que actuó bajo instrucciones de altos funcionarios para favorecer intereses políticos externos
La Paz, 28 de marzo de 2026.- La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur vinculó a proceso a Fernanda Villarreal González, exdirectora del Instituto de la Vivienda (INVI), por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocido como lavado de dinero. La dependencia estatal la señala específicamente como operadora de Adán Augusto López Hernández durante el proceso interno de Morena entre 2022 y 2023.
De acuerdo con las indagatorias en materia de inteligencia patrimonial y financiera, la autoridad detectó aproximadamente 3,591 operaciones en el sistema financiero mexicano, incluyendo transferencias y pagos electrónicos, que se presume fueron realizadas por integrantes de una red de corrupción utilizando recursos provenientes de cuentas bancarias del INVI. El monto total de estas operaciones asciende a 54 millones 876 mil 222 pesos.
En lo particular, la imputación contra Fernanda Villarreal incluye la disposición de 762,000 pesos para uso personal. Junto a ella, también fue llamado a cuentas por el mismo delito Juan Manuel Reyes Cervantes, exadministrador del instituto. Sin embargo, fuentes de la Contraloría Estatal citadas por medios locales indican que ambos debieron ser acusados por peculado, advirtiendo que el delito por el que actualmente están señalados podría ser desechado.
El caso se enmarca en una investigación más amplia sobre un desfalco en el organismo de vivienda estatal. Entre los detenidos se encuentran Javier Ramírez Manjarrez, exjefe de contabilidad del INVI, quien lleva más de dos años internado en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Paz sin sentencia por peculado; así como Edy Hassan, socio del exfuncionario, y Juan Antonio de Jesús Ramírez, hermano de Javier. A esta red de corrupción se suma la participación señalada de Benjamín García Meza, actual director del INVI, quien según documentos tomó el encargo el 2 de octubre de 2023 y estuvo relacionado con autorizaciones de transferencias mientras la cuenta se vaciaba.
La vinculación a proceso de la exdirectora y el exadministrador representa un nuevo capítulo en las acciones legales derivadas del manejo de los fondos del instituto, aunque persisten discrepancias respecto a la tipificación exacta de los delitos cometidos por los funcionarios involucrados en la administración anterior y la actual.
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