Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- Dos expolicías municipales de Tijuana fueron vinculados a proceso por los delitos de tortura y homicidio calificado, luego de que en abril de 2022 detuvieran y agredieran a Carlos Dámaso López, quien falleció semanas después a causa de las lesiones. En un hecho separado, habitantes de la colonia Santa Fe, en la misma ciudad, exigen la construcción de un hospital tras la muerte de un menor por falta de atención médica oportuna, recabando firmas para presionar a las autoridades.
Los hechos por los que fueron procesados Juan ‘N’ y Abel ‘N’ ocurrieron el 27 de abril de 2022 en un establecimiento de Playas de Tijuana. Según la investigación, los entonces agentes detuvieron a Carlos Dámaso López, lo sometieron a tortura y lo abandonaron en la zona de Santa Fe. La víctima falleció el 18 de mayo de 2022 a consecuencia de las graves lesiones sufridas. El caso judicial contra los expolicías sigue su curso.
En un contexto de violencia policial recurrente, este caso se suma al de otro expolicía municipal, Billy ‘N’, quien recientemente fue sentenciado a 25 años y tres meses de prisión por el homicidio calificado de una mujer de 68 años, en un incidente separado. Estos hechos han generado preocupación sobre los abusos de autoridad y la impunidad dentro de las corporaciones policiales en la frontera.
Paralelamente, en la colonia Santa Fe, vecinos como Guadalupe y Silvia González han iniciado una recolección de firmas para exigir la construcción de un hospital. La movilización ciudadana surge tras la muerte de un menor, atribuida a la falta de servicios de salud cercanos y la dificultad para trasladar a pacientes en estado crítico a otros centros médicos de la ciudad.
La diputada federal Evangelina Moreno, quien ha dado seguimiento a la demanda vecinal, ha señalado la urgencia de atender el déficit de infraestructura médica en zonas periféricas de Tijuana. La petición ciudadana busca captar la atención de las autoridades estatales y federales para destinar recursos y cumplir con la obligación de garantizar el derecho a la salud.
Estos dos casos, aunque distintos, reflejan problemáticas estructurales en Tijuana: por un lado, la violencia cometida por agentes del Estado y, por otro, la desatención en servicios públicos básicos como la salud. Mientras los procesos judiciales avanzan contra los expolicías, la presión social en Santa Fe continúa, evidenciando la brecha entre las necesidades de la población y la respuesta gubernamental en una de las ciudades más pobladas del norte del país.
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