Mexicali, 25 de marzo de 2026.- El juez de control Gerardo Anguiano Ceja vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades. La decisión judicial, emitida tras una audiencia que se prolongó por casi 23 horas, determina que las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) son verosímiles para iniciar un juicio penal en contra del político, quien actualmente es dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT).
La acusación se centra en la firma de un contrato plurianual con la empresa Next Energy para la construcción de una planta de generación de energía fotovoltaica en el Valle de Mexicali, proyecto que nunca se concretó. De acuerdo con la investigación de la FGE, el acuerdo comprometía pagos por 4,500 millones de pesos a lo largo de 30 años. La fiscalía sostiene que Bonilla utilizó sus atribuciones constitucionales y legales como gobernador para estructurar y posibilitar dicha contratación, a pesar de tratarse de una competencia federal, y que la empresa recibió un pago inicial de 123 millones de pesos sin ejecutar la obra.
Durante la audiencia, la defensa de Bonilla argumentó que los pagos a la compañía se realizaron después del 31 de octubre de 2021, fecha en que el exmandatario concluyó su cargo, intentando con ello desvincularlo de la responsabilidad directa sobre las transacciones financieras. Sin embargo, el juez consideró suficientes los 18 elementos de prueba recabados por la autoridad para establecer la responsabilidad del exgobernador como coautor con dolo en los hechos investigados.
Como medida cautelar, se impuso a Bonilla Valdez la obligación de pagar una garantía de 100,000 pesos, por lo que enfrentará el resto del proceso penal en libertad. La vinculación a proceso abre un periodo de investigación complementaria de seis meses antes de que se dicte sentencia definitiva. Este caso marca un precedente al ser el primero en el que un exgobernador surgido de Morena es acusado formalmente de corrupción por el oficialismo en el estado.
El proceso judicial se enmarca en un conflicto político entre Bonilla y la actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila, también de Morena. El exfuncionario, quien perdió su fuero legislativo en 2024, había faltado a citatorios previos hasta que un juez giró una orden de presentación para forzar su comparecencia. La administración estatal ha presentado múltiples denuncias penales relacionadas con la gestión de Bonilla, incluyendo acciones contra otros exfuncionarios de su gobierno.
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