Phoenix, 27 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Laurence Gray, de 65 años, y Barrett Weinberger, de 73, por presuntamente vender armas de fuego que terminaron en poder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa (CDS). La investigación señala que los hechos ocurrieron en cinco ocasiones entre febrero y mayo de 2025, con operaciones vinculadas a la armería ‘Grips by Larry’, ubicada en Phoenix a menos de 15 minutos de la frontera con Naco, Sonora.
Según la acusación, los detenidos facilitaron la compra de armamento mediante intermediarios, conocidos como ‘compradores de paja’, quienes adquirieron las piezas para revenderlas ilegalmente a las organizaciones criminales mexicanas. Aunque las identidades específicas de estos intermediarios no han sido detalladas en el informe público, la autoridad federal enfatiza que el destino final de las armas fue México, donde operan los grupos señalados.
Este caso representa una de las primeras aplicaciones de cargos por apoyo material al terrorismo contra un comerciante de armas, luego de que el Departamento de Estado de EE. UU. designara al CJNG y al CDS como Organizaciones Terroristas Extranjeras en febrero de 2025. La medida administrativa permitió a las autoridades judiciales perseguir penalmente a quienes brinden recursos o logística a estos grupos bajo estatutos antiterroristas, elevando las posibles consecuencias legales para los implicados.
Existen discrepancias en los reportes preliminares sobre el alcance inicial de la acusación; mientras algunas fuentes mencionaban únicamente a Laurence Gray como propietario del establecimiento, la imputación formal del Departamento de Justicia incluye también a Barrett Weinberger como coacusado. Asimismo, se observó una variación en la transcription del nombre del primer acusado en medios iniciales, corregida posteriormente en los documentos legales que identifican plenamente a ambos ciudadanos estadounidenses.
La legislación federal contempla penas severas para los delitos de conspiración y tráfico de armas con fines terroristas, con rangos de sentencia que pueden oscilar entre 10 y 20 años de prisión por cada cargo, aunque la pena exacta dependerá de la resolución judicial y de los argumentos presentados durante el proceso. No se ha informado aún sobre la fecha específica de comparecencia ni sobre detalles adicionales de la detención más allá de la presentación de la acusación.
La acción legal subraya la estrategia de las autoridades estadounidenses para cortar el flujo de armamento hacia México, aprovechando las nuevas herramientas jurídicas disponibles tras la reclasificación de los cárteles. El caso permanece en desarrollo mientras se define la situación procesal de Gray y Weinberger, cuyas identidades han sido confirmadas por el sistema judicial de Arizona.
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