Torreón, 27 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila reportó avances significativos en la investigación del llamado “Cártel Inmobiliario”, con 60 denuncias formales y 12 órdenes de aprehensión giradas contra presuntos involucrados en un esquema fraudulento que habría causado un daño patrimonial cercano a los 19 millones de pesos. Sin embargo, agrupaciones de afectados mantienen protestas frente a la Delegación Laguna I, denunciando tortuguismo procesal y una supuesta falta de respuesta por parte de la procuraduría estatal.
Carlos Rangel, delegado regional de la Fiscalía, informó que se ha establecido una estrategia de atención directa que incluye más de 20 sesiones de trabajo con las víctimas, quienes inicialmente sumaban 27 personas. El funcionario detalló que, como resultado de estas acciones, dos mujeres se encuentran detenidas y otra fue reaprehendida recientemente tras haber sido liberada previamente bajo un acuerdo reparatorio avalado por la víctima. Rangel subrayó que la mayoría de las carpetas de investigación ya están integradas y judicializadas, aunque reconoció que aún falta localizar a dos señalados como organizadores del esquema, quienes cuentan con órdenes de aprehensión pero han promovido amparos.
Pese a la versión oficial, los afectados expresaron su inconformidad pública. Alfonso Serrano, uno de los denunciantes, acusó al fiscal general Federico Fernández Montañez de negarles atención adecuada, citando largas esperas en citas agendadas y falta de respuesta a llamadas telefónicas. Serrano sostuvo que las órdenes de aprehensión carecen de utilidad si no se ejecutan y aseguró que, de las 60 denuncias presentadas, únicamente dos han logrado ser judicializadas efectivamente, contradiciendo el balance presentado por la autoridad.
La discrepancia entre ambas versiones marca el desarrollo del caso, el cual lleva aproximadamente un año de investigaciones según reportes periodísticos. Las víctimas exigen celeridad y justicia, bloqueando parcialmente la circulación en las inmediaciones de la delegación fiscal para visibilizar su demanda. Por su parte, la Fiscalía mantiene abiertas las puertas para recibir nuevas denuncias y afirmó que la ley se aplicará sin distinción, incluso si existieran señalamientos contra funcionarios estatales o municipales, aunque aclaró que las responsabilidades deben acreditarse mediante los procesos judiciales en curso.
Entre los principales actores señalados figura el exnotario Fernando Nicolás Muñoz Sanjuan, de quien las víctimas aseguran que huyó a España para evadir la acción de la justicia. Mientras la autoridad trabaja en la localización de los fugitivos y la ejecución de las órdenes pendientes, el conflicto social en La Laguna persiste debido a la percepción de impunidad y la lentitud percibida en la resolución de los casos que afectan el patrimonio de decenas de familias.
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