Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron este martes el dictamen de la reforma electoral denominada ‘Plan B’, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con 24 votos a favor y 11 en contra. La votación se realizó con el respaldo de legisladores de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mientras que los senadores del Partido del Trabajo (PT) se ausentaron de la sesión, evidenciando una divergencia dentro del bloque gobernante sobre los contenidos de la iniciativa, particularmente en lo referente a la revocación de mandato.
El avance del dictamen en comisiones constituye el primer filtro legislativo para la reforma, la cual deberá ser discutida y votada en el pleno del Senado, donde se requiere una mayoría calificada de 86 votos de los 128 integrantes para su aprobación. La fractura con el PT, que cuenta con nueve senadores, pone en riesgo la aritmética legislativa del oficialismo, toda vez que la suma de Morena (67 senadores) y el PVEM (14 senadores) no es suficiente por sí sola para alcanzar los dos tercios necesarios sin el apoyo de sus aliados laboristas.
Durante el debate en comisiones, senadores de la oposición criticaron la iniciativa. La senadora del PRI, Carolina Viggiano, advirtió sobre los posibles efectos de los cambios propuestos. Por su parte, legisladores de Morena defendieron la propuesta argumentando que busca reducir privilegios y fortalecer la democracia, rechazando las acusaciones de que la reforma tenga fines electorales particulares. Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, difundió un mensaje afirmando la unidad de la coalición, aunque la ausencia física de los petistas en la votación contradice dicha narrativa de consenso inmediato.
Uno de los puntos de mayor discordia es la propuesta de modificar el artículo 35 constitucional para establecer una fecha para la consulta de revocación de mandato del Ejecutivo federal. El PT ha mantenido su postura de no apoyar la reforma si no se cambia la fecha propuesta, que podría coincidir con elecciones intermedias, pues consideran que daría una ventaja electoral a la presidenta en turno. Este desacuerdo persiste a pesar de las reuniones sostenidas entre los líderes de los tres partidos oficialistas en Palacio Nacional y la Secretaría de Gobernación.
Paralelamente al debate legislativo, surgieron discrepancias al interior del Instituto Nacional Electoral (INE). La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, envió un documento al Senado señalando dificultades técnicas y operativas relacionadas con el ‘Plan B’. Sin embargo, siete de los 11 consejeros del instituto se deslindaron de dicho escrito, asegurando que el documento no fue consensuado en el consejo general y que no representa la postura institucional del organismo electoral, lo que añade complejidad al entorno político de la reforma.
La reforma constitucional incluye también temas como límites al número de regidurías municipales, ajustes al presupuesto de los congresos estatales y modificaciones a los ingresos de funcionarios electorales. El siguiente paso inmediato será la discusión en el pleno del Senado, programada para este miércoles, donde se definirá si el dictamen se aprueba sin cambios, si se modifica o si es rechazado, determinando así el futuro de la iniciativa antes de pasar a la Cámara de Diputados.
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