Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el envío al Senado de la República de una iniciativa para expedir la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito de feminicidio. El objetivo de la propuesta es que todas las fiscalías del país cuenten con un marco legal uniforme que permita acabar con la impunidad y desarrollar políticas efectivas para la prevención de estos crímenes.
Ernestina Godoy, fiscal general de la República, detalló que el proyecto fue construido en conjunto con la Secretaría de las Mujeres. La iniciativa propone establecer penas de prisión de 40 a 70 años para quienes cometan este delito, además de sancionar la tentativa y contemplar 21 agravantes. La ley busca obligar a las autoridades a investigar las muertes violentas de mujeres bajo la hipótesis inicial de feminicidio y con perspectiva de género, evitando que los casos se clasifiquen erróneamente como suicidios u otros delitos.
El anuncio se produce en un contexto de violencia persistente contra las mujeres. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se han registrado 54 feminicidios en lo que va de 2026. Los estados con mayor concentración de estos casos son Sinaloa, con ocho víctimas; seguido de la Ciudad de México y el Estado de México, con cuatro cada uno, así como Tamaulipas, también con cuatro registros.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, expresó su apoyo total a la iniciativa legislativa. El legislador aseguró que ya había conversado con la Presidenta sobre su intención de enviar la propuesta y confirmó que la bancada de Morena la respaldará sin duda en el proceso de discusión y aprobación en el Congreso.
La creación de esta Ley General representa un esfuerzo por homologar el tipo penal de feminicidio en todo el territorio nacional, estableciendo criterios unificados para su persecución y castigo. Con la presentación formal de la iniciativa este martes, se abre el proceso legislativo que podría derivar en una reforma estructural para la justicia penal en materia de género en México.
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