Ciudad De México, 07 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum redobló sus críticas al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual concluye que en México este delito se comete de manera sistemática y generalizada. La mandataria aseguró que “el Estado mexicano existe y no está rebasado” y negó que la crisis de desaparecidos pueda ser considerada un crimen de lesa humanidad, argumentando que dicha definición “es otra cosa” establecida por la ONU que no se adapta a la situación del país.
El Comité emitió un pronunciamiento señalando que los más de 132 mil casos de desaparecidos “podrían constituir crímenes de lesa humanidad” y describió la situación como “una crisis estructural” donde la carga de la búsqueda recae en las familias y no en el Estado. El informe destaca una crisis forense agravada, con una estimación de 72,000 restos humanos sin identificar para inicios de 2026, cifra que ha crecido sostenidamente desde los 52,000 calculados en 2021. Además, se estima la existencia de más de 4,500 fosas clandestinas donde se han encontrado más de 6,200 cuerpos y 4,600 restos humanos.
Frente a estas afirmaciones, el Gobierno de Sheinbaum realizó un cribado de la información que arroja que solo un tercio de los registros (43,128) correspondería a personas realmente desaparecidas. La presidenta acusó al informe de estar “orientado” a “criticar” al Estado mexicano y afirmó que se basa únicamente en el análisis de unos cuantos casos en cuatro estados y en periodos anteriores a 2018. Por su parte, la cancillería de México calificó el documento de “tendencioso” por no considerar las medidas implementadas en los últimos años.
Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, rectificó que “no se trata de un informe de la ONU, sino de un grupo de expertos que trabajan para ella” y sostuvo que el análisis “indebidamente no se toma en cuenta todas las acciones realizadas a partir de 2018 por la 4T”. Alcalde explicó que de los 132,534 casos reportados, 46,742 no están vinculados a una persona debido a registros incorrectos y que las autoridades han confirmado el paradero de 5,200 ciudadanos mediante pruebas de vida directas tras detectar señales de actividad posterior a la fecha de desaparición en más de 40,000 casos.
En contraste, el presidente del Comité, Juan Pablo Albán, señaló que el análisis examina “la evolución de la situación hasta la actualidad” y no se limita a un periodo cerrado. El Comité subraya que su evaluación incorpora datos recientes, destacando las 28,880 desapariciones reportadas del 1 de enero de 2023 al 22 de abril de 2025, y sitúa el origen del agravamiento del fenómeno en 2006. Sheinbaum advirtió un trasfondo político detrás de la intención del Comité de llevar el asunto a la Asamblea General de la ONU y reiteró su rechazo a dicha determinación.
Ante el rechazo gubernamental, la diputada Laura Ballesteros exigió que Rosario Piedra renuncie a la CNDH por su deficiente actuación, acusándola de ejercer un papel protector del Estado. Ballesteros anunció que buscará iniciar un proceso de juicio político contra Piedra y declaró: “Su renuncia como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es inaplazable. Le exijo la misma”. Por otro lado, el diputado Elías Lixa acusó al gobierno federal de modificar la metodología para minimizar las desapariciones y afirmó: “No pueden esconder la realidad bajo un manto de mentiras”.
Mientras tanto, Sara Hernández, integrante del Comité ¡Eureka!, afirmó que la decisión de la ONU de llevar el caso a la Asamblea General es “muy importante” e “histórica”, sosteniendo que rechazar la determinación implicaría “un retroceso lamentable”. La Barra Mexicana de Abogados exhortó al Gobierno de México a atender las recomendaciones del Comité y hizo un llamado a no descalificar la decisión del organismo internacional.
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