Por Redacción
San Francisco, 21 de marzo de 2026.- Un jurado federal determinó que Elon Musk engañó a los accionistas de Twitter durante el proceso de compra de la red social en 2022, estableciendo una responsabilidad legal que podría derivar en el pago de daños por miles de millones de dólares. El veredicto, emitido el viernes 20 de marzo de 2026, marca un punto de inflexión en la disputa legal surgida tras la adquisición de la plataforma por 44 mil millones de dólares.
La demanda fue presentada originalmente en 2022 en nombre de inversionistas que vendieron sus acciones entre el 13 de mayo y el 4 de octubre de ese año. Los hechos centrales giran en torno a declaraciones realizadas por Musk en mayo de 2022 sobre la existencia de cuentas falsas en la red social, las cuales, según la acusación, provocaron una caída significativa en el precio de las acciones antes de concretarse la compra.
Existen discrepancias en la interpretación de la gravedad del acto dentro del veredicto. Mientras algunas fuentes indican que los miembros del jurado determinaron que Musk engañó deliberadamente a los accionistas, otras reportes señalan que el jurado rechazó la acusación específica de maniobra fraudulenta deliberada, aunque mantuvo la conclusión de que hubo engaño. Los abogados de los demandantes estiman que los daños podrían ascender a 2,600 millones de dólares, aunque el monto definitivo aún debe ser determinado por el tribunal.
Tras conocerse la decisión, la defensa de Musk anunció su intención de apelar el fallo. Este proceso legal se desarrolla en un contexto complejo para el empresario, pues el mismo día del veredicto, un tribunal en Texas lo exoneró en un proceso separado por difamación. Además, en 2023, un jurado del mismo tribunal federal de San Francisco ya lo había exonerado en un caso similar relacionado con Tesla.
La resolución judicial pone bajo escrutinio las prácticas de comunicación corporativa de Musk durante las operaciones de fusión y adquisición de gran escala. Las próximas etapas del proceso se centrarán en la cuantificación exacta de los perjuicios económicos y en los argumentos que la defensa presentará ante la corte de apelaciones para intentar revertir la sentencia.
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